
Nuevamente el expresidente Juan Manuel Santos y el mandatario Gustavo Petro se contradijeron públicamente por cuenta del cumplimiento de la reforma rural que se acordó en La Habana. El Nobel de Paz aseguró que no se necesita convocar una constituyente, mientras que el jefe de Estado se ratificó en su polémica propuesta.
“Para la reforma rural no se requiere constituyente sino sentido común y voluntad política”, escribió Santos en sus redes sociales al compartir una columna del abogado y sociólogo, Alejandro Reyes Posada, quien ha investigado el problema de la propiedad de la tierra en Colombia durante más de medio siglo.
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En su columna, Reyes Posada reiteraba la propuesta al Gobierno nacional para que avanzara en la adquisición de tierras informales, lo que permitiría tener un mejor precio sobre aquellos predios con propiedad consolidada que hacen parte del monopolio de la tierra.
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Según el abogado, para hacerlo no es necesario una constituyente y ni siquiera modificaciones legislativas, sino la expedición del Ministerio de Agricultura de una tabla de graos de informalidad en la que se definan los precios y descuentos de acuerdo a las características del predio.
El columnista señaló que como van las cosas, el Gobierno nacional terminará el cuatrienio sin cumplir su meta, ya reducida a la mitad, de adquirir 1.5 millones de hectáreas a Fedegán. Una iniciativa que cuestionó, además, al señalar que no serían los mejores suelos, debido a su conservación orgánica, los que se podrían distribuir por medio de ese mecanismo.
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La frase de Santos bastó para que el presidente Gustavo Petro le enviara una extensa respuesta para contradecirlo, señalando que lo que decía no era cierto, que el Gobierno ha actuado con toda su capacidad por la reforma y que las leyes actuales no permitían avanzar en ese propósito.
“Tanto la ley que se aprobó en el gobierno de (César) Gaviria, siendo ministro (Alejandro) Ocampo, como la contrarreforma a la Constitución hecha en el gobierno Pastrana, solo permite obtener tierra o por la vía de la compra voluntaria, que es la que estamos ejerciendo al máximo, como por la vía judicial, tema en que los jueces han preferido negar el principio de la función social de la tierra y de la propiedad en general”, señaló el mandatario.
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Según dijo el jefe de Estado, la vía judicial ha mantenido “la fórmula más conservadora de la propiedad privada sin límite”, además de desarrollar con lentitud los procesos judiciales de la reforma agraria. El presidente Petro puso de ejemplo el caso de la Hacienda Bella Cruz.
Una extensa propiedad ubicada en el sur del departamento del Cesar que fue entregada a cientos de familias a inicios de la década de 1990 por tratarse de baldíos que estaban a nombre de la familia de Carlos Arturo Marulanda. Pocos años después, los paramilitares desplazaron a los campesinos e instalaron una base de operaciones y dos años después de su desmovilización, una empresa de palma africana asociada con German Efromovich adquirió las tierras.
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Desde ese momento los campesinos desplazados han tratado de reclamar sus propiedades, pero el proceso no ha visto la luz en los tribunales. Incluso la Comisión de la Verdad expuso el caso como uno de los emblemáticos episodios del despojo y la apropiación de tierras.

“La tierra para reforma agraria surte un mecanismo tedioso de adquisición, muy diferente a lo que pasa para adquirir tierras para troncales de TransMilenio o troncales de carreteras 4G. Hemos solicitado al congreso que apruebe una ley para igualar ambos mecanismos, pero las propuestas han sido embolatadas”, sostuvo el presidente Petro para defender su propuesta constituyente.
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En ese sentido, el mandatario sostuvo que no se está cumpliendo con el punto uno del acuerdo de paz con las Farc sobre la reforma rural integral. “De las tres millones de tierras acordadas para reforma agraria, van 200.000, todas en el fondo de tierras, o porque ya las tenía el gobierno por extinción del dominio, o porque las hemos adquirido por venta voluntaria en este gobierno”, puntualizó.
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