Por ola invernal en 2022, Procuraduría tiene bajo “lupa” a los contratos de la Unidad del Gestión del Riesgo

La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una investigación sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ante lo que serían las denuncias de presuntas irregularidades en contrataciones efectuadas para enfrentar la emergencia generada por la intensa ola invernal de finales de 2022. Un caso que se convierte en uno más en la ola de situaciones mediáticas en las que se ha visto involucrada la entidad, que estuvo al mando de Olmedo López.

Este proceso, según indicó el Ministerio Público, busca aclarar lo que serían las circunstancias en torno a la asignación de contratos mediante la firma Previsora S. A., con fondos provenientes del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), que se dispusieron en respuesta a la precitada crisis climática que obligó al Gobierno de Gustavo Petro a tomar medidas urgentes para contener el impacto de esta ola invernal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La indagación que ordenó la entidad se dio luego de una denuncia presentada por un concejal de Bogotá, que ha encendido las alarmas sobre la gestión y supervisión de dichos contratos. De acuerdo con la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que está al frente de este caso, se exigió a la Ungrd entregue “información detallada sobre los contratos suscritos bajo esta declaración de desastre, así como documentación relacionada con su ejecución”.

Esta situación podría arrojar una luz sobre el manejo de recursos destinados a mitigar los daños ocasionados por la novedad climática que se registró en diferentes sectores del territorio nacional.

En qué se enfoca la investigación de la Procuraduría sobre la Ungrd

La indagación tiene como principal fin, según la Procuraduría, determinar el “estado técnico, financiero, jurídico y económico” de las contrataciones y revelar la posible existencia de posibles falencias o discrecionalidades en el proceso. Con ello, se pretendería identificar a los supuestos responsables de cualquier irregularidad detectada en esta revisión exhaustiva de la documentación relacionada con este caso.

Para la entidad que investiga las conductas disciplinarias, no se descartaría tomar medidas adicionales contra los implicados, con el objetivo de que se garantice la “transparencia y la correcta gestión del gasto público”, en especial en escenarios de emergencia en donde la “eficiencia y la integridad son fundamentales para la recuperación y el bienestar de las comunidades afectadas”. En otras palabras, conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las posibles violaciones a la ley.

De esta forma, la Procuraduría adelanta nuevas investigaciones a las ya iniciadas por el escándalo de los 40 carrotanques comprados durante la administración de López, en un contrato de $46.800 millones entregados a la firma Impoamericana Roger SAS, además de otro que estaba en curso por 20 vehículos más de este tipo y 20 carros de bomberos, por los que se habían aprobado $52.900 millones; pero ante la controversia del desistimiento por la mencionada firma, no se ejecutó.

“Aquí tenemos una buena noticia. $52.900 millones están a salvo luego de que el señor Roger fuera a las instalaciones de la entidad y oficialmente desistiera de esos contratos”, indicó el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, con lo que salió a ponerle la cara a la serie de acusaciones contra esta entidad. Y con lo que aclaró que, si bien no era su deber hablar sobre actuaciones penales o disciplinarias, sí estaba al servicio de evitar más polémicas.

Una de sus obligaciones, añadió, era evitar que contratos y recursos públicos fueran a empresas que no den seguridad. ”La empresa Impoamericana Roger SAS a mí como director no me da ningún tipo de seguridad. Creo que yo jamás hubiera firmado ese contrato”, manifestó el nuevo funcionario.