Expresidente de la entidad encargada de manejar los activos de los narcos irá a juicio por mal manejo de recursos

Andrés Alberto Ávila deberá afrontar un juicio disciplinario por el manejo de los recursos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad encargada de administrar los bienes incautados a la mafia, debido a que habría autorizado millonarios pagos a una decena de funcionarios.

La Procuraduría formuló cargos en contra de Ávila Ávila por la presunta autorización y ejecución de pagos indebidos que ascienden a más de 3.000 millones de pesos. Este monto, presuntamente mal gestionado durante el año fiscal 2022, comprometió gravemente los recursos del Fondo Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado (Frisco).

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De acuerdo con el Ministerio Público, al expresidente de la SAE se le acusa de haber autorizado salarios y bonificaciones no presupuestadas, lo que podría haber vulnerado los principios de responsabilidad y eficacia económica del ente para la vigencia del año en que debía entregar el cargo al nuevo director.

Los hechos en los que se basa el ente e control indican que, presuntamente, Ávila aprobó el desembolso de 1.500 millones de pesos para cubrir nóminas de 14 cargos profesionales en departamentos claves como la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica, sin contar con los debidos avales internos.

Además, se menciona la asignación de 1.000 millones de pesos en bonificaciones y el sostenimiento económico de 10 funcionarios de proyectos especiales, con un coste total de 1.122 millones de pesos, carga que fue asumida en su totalidad por la SAE.

Estos gastos no estaban previamente contemplados en el presupuesto, lo que llevó a que se solicitara, de manera retroactiva, una modificación presupuestal del Frisco para poder pagarlos. Esto evidencia un quiebre en el proceso estandarizado de aprobación y supervisión financiera, dado que tales modificaciones “no fueron sometidas a consideración del Comité Técnico del CNE, ni recibieron la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes”.

Según el ente de control, este conjunto de acciones por parte del exdirectivo se traduce en una posible vulneración a los principios fundamentales que deben regir la administración pública. Bajo esta premisa, la Procuraduría ha calificado provisionalmente la conducta de Ávila como una “falta grave cometida a título de culpa gravísima”.

Según había dicho la Procuraduría en la apertura de la investigación, “no habría claridad sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas al interior de la SAE, debido a que los hechos que motivaron la solicitud del cambio del monto presupuestal autorizado no fueron hechos cumplidos, lo que puede configurar una falta disciplinaria”.

Ávila, para el momento de asumir la presidencia de la SAE, contaba con más de 13 años de experiencia en el Estado, principalmente en sectores de hacienda y crédito público, de acuerdo con el perfil publicado por la entidad al momento de sus nombramiento.

También sabía de contratos debido a que fue abogado de asuntos contractuales de en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda de Bogotá y consultor de la Banca Multilateral de la Alcaldía entre 2008 y 2010. Desde ese año, hasta el 2017 ocupó varios cargos en la Dian.

Para el 2017, Ávila Ávila pasó a la SAE en la que ejerció cargos como gerente de muebles, gerente de inmuebles, vicepresidente de bienes muebles e inmuebles, hasta que en julio de 2020 el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla lo posesionó como presidente de la entidad.

Con la formulación de cargos en su contra, la Procuraduría da el paso previo al inicio del juicio en el que la defensa del expresidente de la SAE tendrá la oportunidad de contradecir al ente disciplinario, para que finalmente el juez encargado determine si se cometió la falta disciplinaria atribuida al funcionario.