Estas son las conclusiones del informe de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz y el caso Santrich

Antonia Urrejola, experta de la ONU en DD.HH., compartió sus descubrimientos durante una conferencia de prensa el martes 26 de marzo, y el reporte completo, compuesto por 19 páginas, será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 2 de abril. El informe inicial resalta varios logros, entre los cuales destaca que, a nivel global, menos del 50% de los acuerdos de paz alcanza el quinto año, mientras que Colombia ya ha superado ese umbral.

Según la experta, el Acuerdo de Paz de Colombia es notable por su enfoque marcado en materia de derechos humanos, con especial atención en lo territorial, étnico y de género. Además, destaca la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual ha mostrado progresos significativos. Aunque el 80% de los excombatientes de las Farc continúa firme en su proceso de reincorporación, Urrejola insta al Estado colombiano a redoblar esfuerzos para una implementación integral, considerándola una política de Estado.

El informe señala que los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz fueron cruciales para garantizar su aplicación y consolidar la confianza de la población en el Acuerdo, pero estuvieron marcados por un contexto político hostil a ese acuerdo. Esto dio lugar a una aplicación irregular y a ataques contra el sistema de justicia transicional.

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La experta enfatizó en la necesidad de “desplegar todos los esfuerzos para implementar plenamente el acuerdo, con especial atención al componente étnico y a las disposiciones de género, y asegurar que sea un pilar central en todas las políticas de paz”. Además, abogó para que “todos los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales integren un enfoque de derechos humanos y garanticen los derechos de las víctimas”.

Le hizo un llamado a la JEP como a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) a consolidar la situación jurídica de los excombatientes de las Farc y a implementar medidas para comunicar oportunamente las decisiones sobre amnistías, indultos y libertades condicionadas. Para esto, les otorgó un plazo máximo de seis meses para cumplir con esta tarea.

La JEP tiene dos pendientes adicionales: “Informar públicamente en un año sobre las estrategias para resolver las amnistías judiciales de los firmantes de paz” y “priorizar el alistamiento institucional con miras a las primeras sanciones para los comparecientes de dicho tribunal”.

Por otro lado, la Fiscalía tiene la responsabilidad de priorizar la investigación sobre el caso de Jesús Santrich, de marzo de 2023, y determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable. Para esto, deberá conformar un grupo de expertos independientes y dar a conocer públicamente los avances y resultados de esta investigación en un año.

También se solicita al Estado colombiano revisar los procedimientos legales para la extradición de ciudadanos, asegurando que cumplan con los “derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como el derecho a la paz”.

El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional. “Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el Acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.

Finalmente, se recomienda la creación de una instancia gubernamental de alto nivel separada de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con facultades para liderar la implementación, convocar a todas las entidades y ministerios, y garantizar la coordinación interinstitucional, con el objetivo de asegurar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los firmantes de paz y su proceso de reincorporación.