La recién posesionada fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, sostuvo un importante encuentro el lunes 25 de marzo con Carlos Ruiz Massieu, representante de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrillas de las Farc.
Precisamente, el tema principal de la reunión tuvo que ver con la protección de los excombatientes del desaparecido grupo insurgente que abandonó la lucha armada en 2016, tras el proceso de cese de violencia que se llevó a cabo en el segundo periodo de Gobierno del expresidente y Nóbel de Paz, Juan Manuel Santos.
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“Muy fructífera reunión con la Fiscal General Luz Adriana Camargo @FiscaliaCol. Estrecharemos lazos de cooperación para protección de firmantes, líderes sociales y comunidades, la concreción de política de desmantelamiento y otros aspectos esenciales para la construcción de paz (sic)”, destacó el funcionario de la ONU.
Una de las preocupaciones del organismo multilateral, desde que se pactó la paz con las Farc, ha sido la protección de los firmantes, ya que desde el 2016 han padecido por la violencia en su contra y los homicidios de estas personas que le apostaron a la paz asciende a 417, de acuerdo con los datos que manejan en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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Aunque de acuerdo con el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, los crímenes contra los excombatientes disminuyó un 5,9 % en 2023, en comparación con el año anterior, el tema sigue ocupando un lugar importante en la agenda de ese organismo, que ha instado a las autoridades del país para frenar esos ataques y evitar la impunidad.
De hecho, a mediados de enero, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización advirtió que los homicidios de los antiguos guerrilleros generaba un ambiente hostil de cara a los procesos de paz que lleva el Gobierno Nacional en la actualidad.
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“Esto es muy grave para el proceso mismo de reincorporación, para la confianza que se debe tener y en el arraigo a la vida civil”, dijo en una entrevista con la emisora La W Radio Alejandra Miller, directora general de esa entidad.
La funcionaria también alertó en esa ocasión por la poca eficacia del organismo investigador para avanzar en las indagaciones por los crímenes de los excombatientes.
Incremento de las masacres
Aparte, otra de las preocupaciones de la ONU sobre Colombia ha sido el incremento del 6,5 % de las masacres, de acuerdo con el informe que presentó a finales de febrero la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.
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“En las masacres verificadas, se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas). Del total de víctimas, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y 3 afrodescendientes). Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. En el 93% de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, se destacó de los datos del organismo.
No obstante, reconoció que los homicidios de líderes sociales disminuyeron en casi 10 % en 2023 en comparación con el año anterior.
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