La rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) de Cúcuta, Sandra Ortega Sierra, denunció que está siendo víctima de acoso laboral y violencia basada en género por parte de un delegado de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior Universitario.
A través de un comunicado a la opinión pública, la funcionaria señaló que el denunciado ha presentado actos, conductas y comportamientos con intención de causarle daño físico y emocional.
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Dichas acciones, aseguró, han sido realizadas de forma presencial, a través de medios de comunicación masivos y redes sociales, donde el señalado utilizaba la imagen gráfica del logo de la Presidencia de la República y dijo, “han sido sistemáticas y reiterativas” buscando “menoscabar mi autoestima, mi dignidad y buen nombre”. Lo anterior configura, para Ortega Sierra, un tipo de violencia basada en género debido a su figura de autoridad femenina.
De acuerdo con la rectora, la denuncia formal ante el Consejo Superior Universitario de la UFPS fue interpuesta el 21 de marzo de 2024 y se procedió a la activación de rutas internas de prevención, detección u atención de casos de violencia basada en género y acoso laboral ante el Comité de Convivencia.
Las investigaciones que se adelantan por este caso cuentan con el acompañamiento de la seccional regional de la Defensoría del Pueblo y su Dupla de Atención Psicojurídica de Asuntos de Mujer y Género, junto con la Estrategia Mujer, Familia y Género de la Policía Metropolitana de Cúcuta, entidades con las cuales afirmó Ortega Sierra, “se adelantaron acciones desde los sectores salud, justicia y protección para garantizar mi seguridad y mis derechos como víctima”.
Así mismo, la funcionaria afirmó que tenía la intención de mantener este asunto en privado, mientras su denuncia se tramitaba en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, manifestó que el supuesto agresor nuevamente la expuso en sus redes sociales con mensajes revictimizantes.
“(...) eso me motivó a hacer una declaración pública y acogerme en mi derecho de no ser confrontada por el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipó requeridos”, enfatizó Sandra Ortega Sierra.
Finalizó su dencuncia diciendo: “Confieso que nunca pensé en la posibilidad de llegar a ser víctima de estos hechos, pero mantendo firmemente mi compromiso con hacer de la Universidad Francisco de Paula Santander un espacio libre de violencia y discriminación. ¡Alzamos nuestra voz contra el acoso laboral y la violencia de género!”.
Hasta el momente, se desconoce la identidad del agresor, lo único que se conoce es que es delegado de la Presidencia. La rectora de la UFPS, por su parte, no ha querido dar más declaraciones a la prensa.
Colombia superó los 1.300 casos de violencia contra las mujeres
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, tan solo durante los dos primeros meses de 2024, Colombia llegó a 1.310 casos de violencia basada en género. De ese total, 59 corresponden a mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio y 9, a mujeres víctimas de feminicidio.
Una barrera central, principalmente en casos de feminicidio, es el vencimiento de términos, que genera la libertad de incluso agresores capturados en flagrancia o que se entregaron a las autoridades.
De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hay escasa implementación de servicios de casas refugio, casas albergue, servicios hoteleros o subsidios monetarios, lo cual constituye una de las principales barreras que enfrentan las mujeres, sobre todo aquellas con riesgo feminicida, situación que las deja desprotegidas y en muchos casos deban regresar con el agresor.
Un monitoreo que hizo la entidad de derechos humanos, identificó que, al cierre del 2023, en Colombia había en funcionamiento siete casas refugio en el nivel departamental con estrategia de atención integral, es decir, más del 60 % de departamentos del país carece de este tipo de estrategia necesaria después de más de diez años de expedición de la ley que las exige. En lo relacionado con las casas albergue o casas de acogida, están en funcionamiento 11 en todo el país.
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