Entutelaron a Gustavo Petro por asegurar que programa de Santos fue un “antro de corrupción”: tiene 48 horas para presentar pruebas o retractarse

El Consejo de Estado le dio dos días a la Presidencia de la República para que se retracte de las afirmaciones que hizo el presidente en contra del programa de sustitución de cultivos del Gobierno de Juan Manuel Santos, de lo contrario, deberá presentar pruebas de que en esa gestión hubo corrupción.

En la decisión del magistrado Alberto Montaña Plata se le ordena a la Presidencia que en 48 horas de respuesta a una carta pública de Rafael Pardo y Eduardo Díaz del 11 de octubre de 2023, que compartieron en la red social X, en la que le pidieron rectificar los señalamientos.

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Pardo fue el consejero para el postconflicto durante la administración Santos, mientras que Díaz fue el encargado de la Oficina de Sustitución de Cultivos Ilícitos, por lo que consideran que la afirmación de que ese programa fue un “antro de corrupción”, como lo dijo el presidente Petro, atenta contra su buen nombre.

Ambos exfuncionarios también solicitaron la retractación en medios de comunicación y artículos que publicaron en los mismos, pero el mandatario nunca dio respuesta a sus solicitudes. Por eso en noviembre de 2023 radicaron una tutela para buscar la protección de sus derechos por vía judicial.

“Comoquiera que tanto la petición como las súplicas de amparo en la presente acción de tutela guardan estrecha relación, la Sala estima pertinente detener su estudio, en un primer momento, sobre la posible vulneración al derecho fundamental de petición y, en el evento en el que se dé una repuesta negativa a ese interrogante, sí entrar a analizar una eventual afectación de los derechos a la honra y el buen nombre”, se lee en la decisión.

Así las cosas, la Presidencia deberá decidir si accede a la solicitud de retractación y el presidente eche atrás sus palabras o, por el contrario, decida presentar pruebas que sustenten las afirmaciones, para que sea el juez el que decida si hubo o no la violación del derecho a la honra de los exfuncionarios.

En la decisión se resaltó que Pardo y Díaz presentaron la solicitud de retractación por un medio idóneo al día siguiente del discurso en Tumaco en el que el presidente hizo los señalamientos. Además, reprochó que pasaron cinco meses sin dar una respuesta, así como tampoco se manifestó la Presidencia durante el trámite de la tutela.

El magistrado señaló que hubo vulneración al derecho de petición de los exfuncionarios, debido a que pasaron cinco meses sin que se les respondiera a su carta. Se estimó que utilizaron un medio idóneo para publicarla, debido al frecuente uso que hace el presidente de la red social que era conocida como Twitter.

“La Sala observó que dicha red social ha sido utilizada con frecuencia por la autoridad enjuiciada no solo para difundir información, sino también para interactuar con los usuarios de la misma, a través de la contestación/replica a publicaciones, lo que denota el cumplimiento de los requisitos para que la presentación de peticiones/solicitudes a través de dicha red social”, se señaló en el texto.

En su carta, Pardo y Díaz señalaron que durante su gestión cumplieron con las transferencias de un millón de pesos mensuales para 67.665 familias con las que se pactó la erradicación voluntaria. Esas ayudas fueron entregadas a través del Banco Agrario. “Nunca se pensó, siquiera, en contratar los servicios de operadores, fiducias o intermediarios”, señalaron.

Además, los exfuncionarios sostuvieron que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) prestaron apoyo logístico y técnico al programa, así como excombatientes fueron vigilantes del proceso. Un mecanismo que, señalaron, fue cambiado durante el Gobierno de Iván Duque que dejó de convocar las instancias de participación y control.

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