Más de $45 millones: este será el salario del influencer Wally por realizar “contenidos jurídicos de calidad” para Rtvc

Walter Rodríguez, conocido creador de contenido y youtuber, ha firmado un convenio de servicios profesionales con Rtvc, sistema de medios públicos dirigido por Nórida Rodríguez.

Este acuerdo, revelado por El Espectador, contempla una retribución de 7.600.000 pesos colombianos mensuales durante un periodo inicial de seis meses, sumando un total de 45.600.000 pesos. Rodríguez, cuya labor estará alineada con la perspectiva del gobierno del presidente Gustavo Petro, se encargará de generar contenido jurídico para las franjas de opinión de la entidad en sus distintas plataformas.

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Los servicios estipulados en el contrato incluyen la producción de contenido legal de alta calidad, contribución a las sesiones de redacción y editoriales, y la realización de investigaciones jurídico-periodísticas. Estas actividades buscan enriquecer las plataformas de Rtvc ofreciendo análisis legales, objetivos y actualizados. Además, Rodríguez proporcionará asesoramiento a periodistas en materia jurídica, garantizando la precisión del contenido de acuerdo con la legislación vigente.

Las responsabilidades asignadas a Walter Rodríguez bajo este contrato también comprenden seguir las pautas de RTVC referentes a temáticas y formatos específicos. Además, tendrá el desafío de mantener una actitud imparcial en sus aportaciones legales, respaldando así el objetivo de Rtvc de promover un periodismo equilibrado y responsable. Este movimiento señala un paso significativo en el fortalecimiento del enfoque analítico y crítico en los contenidos jurídicos presentados por medios de comunicación públicos en Colombia.

Polémica por la contratación de Influenciadores afines del petrismo

Jaider David Rozo Rojas, conocido digitalmente como Don Izquierdo, ha sido contratado por Rtvc, el sistema de medios públicos en Colombia, con un salario mensual de $5.925.000. Este acuerdo laboral, que inició el 9 de marzo, ha generado amplias discusiones debido a la designación de Rozo como periodista a pesar de no contar con un título universitario en dicha área. Su rol se centrará en el periodismo digital y en la creación de contenido para las plataformas digitales de Rtvc.

La controversia surge después de que Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, revelara el monto del salario de Rozo el 14 de marzo en X. Esta información avivó un debate sobre los criterios de selección de personal en el sector público y la inclusión de perfiles profesionales no tradicionales en roles clave.

Rozo es reconocido por su activismo a favor de corrientes progresistas, y su contratación forma parte de una serie de nombramientos que han suscitado interrogantes sobre la influencia política y la meritocracia dentro de Rtvc y otros organismos gubernamentales.

A su vez, la selección de Rozo se enmarca en un patrón reciente de asignaciones por parte del gobierno que ha llamado la atención, tanto por las figuras elegidas como por las implicaciones que estas tienen para el equilibrio político y mediático en Colombia.

Entre estos nombramientos, se destaca el de Irene Vélez y el beneficio directo que posteriormente recibió su esposo, Sjoerd van Grootheest, con un contrato para la emisión de documentales. Además, esta serie de designaciones ha incluido a personalidades como Laura Sarabia, Armando Benedetti, Gustavo Bolívar, Alexander López y Carlos Carrillo, lo cual refleja una amplia gama de reacciones tanto de apoyo como de crítica en el escenario político y social del país.

El anuncio de la incorporación de Rozo al equipo de Rtvc fue hecho por él mismo a través de X, donde expresó su compromiso con el periodismo alternativo y agradeció la oportunidad de sumarse a este proyecto. Esta contratación fue incluso aplaudida por figuras como el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien resaltó la importancia de incorporar voces progresistas en los medios y en el gobierno.

Paralelamente, las tensiones políticas continúan manifestándose en disputas como la ocurrida entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y Daniel Briceño, relacionadas con licitaciones y acusaciones de comportamiento indebido.