Gobierno de De la Espriella aclaró qué personas no declararán ni pagarán renta con la nueva reforma tributaria: “No cambia las reglas”

El Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez, desmintió que la ‘Ley de Rescate Económico’ (que fue presentada ante el Congreso) o reforma tributaria obligue a declarar o pagar impuesto sobre la renta a aquellas personas que reciben salarios de $3.100.000 mensuales.

La cartera aclaró que esa cifra corresponde a una base gravable depurada, ante los descuentos permitidos por ley, y no al salario bruto. Según el Ministerio, el pago efectivo del impuesto comenzaría con ingresos brutos cercanos a $5.000.000 al mes.

Por medio de redes sociales, el ministro afirmó que “no es cierto que Ley Rescate establezca renta a personas con salarios de 3,1 millones (sic)”. Añadió que “la ley no cambia las reglas para declarar. El pago efectivo empieza con ingresos de cerca de $5 millones al mes, y con tarifas muy bajas”.

Como se recordará, presentar la declaración ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no implica, por sí solo, tener un impuesto a cargo. Entonces, lo que cambiaría con el proyecto radicado en el Congreso es el piso exento para calcular el tributo, no los topes vigentes que determinan quién debe declarar.

Por qué los $3.100.000 no corresponden al salario

Para entender por qué los $3.100.000 no corresponden al salario, es necesario tener claro que el salario bruto es el monto pactado en el contrato antes de cualquier descuento de nómina. La base gravable, en cambio, surge después de restar los aportes obligatorios a salud y pensión, además de las rentas exentas y los beneficios autorizados por la ley.

La propuesta reduciría el rango con tarifa marginal de 0% desde 1.090 unidades de valor tributario (UVT) hasta 720 UVT anuales. Con la UVT proyectada para 2026 ($52.374), ese umbral equivale a cerca de $37.700.000 al año; al dividirlo entre 12 meses se obtienen los $3.140.000 mensuales que generaron la confusión.

Esa equivalencia mensual no representa el ingreso nominal de un trabajador. El Ministerio precisó que una persona con ingresos brutos de $5.000.000, o $60.000.000 anuales, pagaría impuesto únicamente después de depurar su base gravable.

Con ese ejemplo, se descontaría el 8% correspondiente a salud y pensión obligatorias, junto con la renta exenta laboral de 25%. El resultado sería una base gravable aproximada de $41.400.000 anuales, unas 790,5 UVT, y la tarifa marginal de 9% recaería solo sobre el excedente de 720 UVT, no sobre la totalidad del salario.

Cambios propuestos para quienes ya pagan renta

Además del nuevo umbral, el proyecto plantea una tarifa marginal de 9% desde bases gravables inferiores, un menor límite para la renta exenta laboral y menos deducciones. Para el socio del área tributaria de PPU Héctor Ramírez esa combinación podría ampliar el número de contribuyentes que paga y elevar las tarifas efectivas de quienes ya tributan.

La tarifa máxima de 39% se aplicaría a rentas superiores a 8.670 UVT anuales, desde una base gravable mensual de $ 37.800.000, frente a los $135.300.000 vigentes. Julio Toro, socio de Toro Asociados, señaló al diario La República que los escalones de 35% y 37% desaparecerían: “Antes teníamos 35%, 37% y 39%; ahora esos rangos desaparecen y pasarían todos a 39%”.

Debate sobre ampliar la base tributaria

El economista y columnista Alberto Bernal, investigador del Instituto Chazen de la Universidad de Columbia, respaldó que quienes ganen más de $5.000.000 mensuales paguen algún impuesto sobre la renta. Sobre la posibilidad de que quienes devengan $3.100.000 declaren, sostuvo que le “encanta la idea, porque un país donde solo el 8% de la población declara renta no es viable”.

Bernal aludía a la obligación de declarar, no al pago efectivo del impuesto; el Ministerio insiste en que esa cifra no corresponde a un salario sujeto automáticamente a las nuevas reglas.

Por su parte, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa coincidió en la necesidad de aumentar el número de contribuyentes. “No hay posibilidad de construir un país si quienes devengan menos de $3.000.000 no pagan renta”, afirmó en su cuenta de X y añadió que también se requiere reducir el tamaño del Estado y el gasto público. Esa postura expresa una opinión y no describe el alcance precisado por el Ministerio.

Consumo y ahorro

A su vez, el economista Daniel Gómez Gaviria, exsubdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), propuso orientar la progresividad hacia el consumo. “Quien consume más paga una proporción mayor. Quien ahorra e invierte posterga el pago del impuesto hasta que utiliza esos recursos para consumir”, planteó.

Según él, ese enfoque reduce las distorsiones sobre el ahorro y la inversión, que son clave para la productividad y el crecimiento.

Daniel Gómez sugirió ampliar la base del IVA con devoluciones y proteger el consumo básico, para que el gravamen no pese proporcionalmente más sobre los hogares de menores ingresos. El debate sobre la reforma enfrenta así la necesidad de elevar el recaudo con la discusión sobre cómo distribuir la carga sin frenar el ahorro, la inversión y el consumo.