En Bucaramanga, el escándalo de corrupción relacionado con el exalcalde Rodolfo Hernández y un contrato de asesoría identificado con el número 096 de 2016, valorado en 336 millones de pesos volvió a sacudir el mundo político.
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El caso se centra en la asignación irregular de un contrato de consultoría valorado en 344 millones de pesos, luego de una reunión realizada entre junio y julio de 2016, en la residencia del entonces alcalde, donde Hernández buscaba favorecer a Vitalogic RSU, empresa que, según su página web, se enfoca en la protección ambiental mediante la gestión adecuada de residuos. A este encuentro asistió José Manuel Barrera, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), y el ingeniero químico Jorge Hernán Alarcón, quien se encargaría de elaborar los pliegos para la licitación del contrato.
La Fiscalía señaló que Rodolfo Hernández fungió como determinador de la contratación al influir en Barrera para que el contrato fuese otorgado a Vitalogic, con el objetivo de beneficiar a Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del exalcalde, quien habría recibido una comisión millonaria de resultarse elegida la mencionada empresa.
Hernández propuso la construcción de una planta para transformar residuos sólidos en energía, a pesar de ser consciente de que Bucaramanga carecía del espacio adecuado para tal infraestructura.
“Con todas las retenciones y con todo ese trabajo que tenía que hacer el equipo, era muy poquita plata la que recibía por su trabajo y yo quería ahorrarle el hotel”, explicó Hernández al ser interrogado por sus acciones y la acogida de Alarcón para el desarrollo del plan de licitación, según lo recogido por Vanguardia.
El caso, que resurgió en los medios en 2017 gracias a las afirmaciones de Luis Andelfo Trujillo, un amigo cercano del hijo del implicado, ha alcanzado un nuevo punto crítico. Trujillo, considerado el testigo clave, reveló documentos que implicaban a Hernández Oliveros en la recepción de 666.000 dólares como comisión ilegal derivada de dicho contrato.
Tras las investigaciones, la Procuraduría encontró pruebas suficientes para determinar la implicación directa de Rodolfo Hernández en prácticas contrarias a la ley. Según el órgano de control, Hernández “tuvo contacto directo con representantes de la tecnología a implementar, entregándoles información privilegiada”, dándoles ventaja indebida sobre otros competidores. Esta acción es considerada una falta gravísima por interés indebido en la celebración de contratos.
Sumado a esto, Rodolfo Hernández fue acusado de haber ejercido presión sobre el director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), instándole a “omitir las reglas de contratación” con el propósito de asegurar el negocio para su hijo. Este hecho ha sido clasificado por la Procuraduría como una falta grave, poniendo en evidencia un patrón de comportamiento destinado a manipular los procesos administrativos en beneficio propio y de su familia.
En defensa, Luis Carlos Hernández Oliveros alegó ingenuidad y aseguró haber sido engañado, argumento que su padre, Rodolfo Hernández, respaldó afirmando que ni su hijo ni él mismo consideraron incorrecta la firma y entrega del documentación. “Soy tan bobo, ingenuo o estúpido, como me quieran llamar, que no se me hizo malo haberlo firmado y haberlo entregado”, manifestó Luis Carlos ante la Procuraduría.
La decisión de la Procuraduría respecto a estas faltas ofrece la posibilidad de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
En cuanto a Luis Andelfo Trujillo, lo que comenzó con sus denuncias desembocó en un escándalo que cuestiona la integridad y el actuar de Rodolfo Hernández y su hijo, poniendo en relieve la importancia de la transparencia y la ética en la función pública.
En una reciente entrevista con Blu Radio, Trujillo recordó que él era amigo cercano del hijo de Rodolfo Hernández y lo contactó para “ver que podían hacer por la ciudad”. Añadió que el problema es que “el papá de él (es decir Rodolfo Hernández) era una figura pública, pero yo como privado si podía conocer el corretaje (...) en el contrato se hablaba de las tres plantas y por cada una se planteó una comisión de 660.000 dólares”.
En la entrevista a Trujillo le preguntan si ve eso como un acto de corrupción, a lo que él responde: “pues hay que verlo desde diferentes perspectivas porque en el caso mío, yo como privado si puedo recibir el corretaje, él como hijo de un personaje público hay si hay una corrupción”.
Trujillo aseguró que Hernández estaba enterado del “corretaje” que su hijo iba a recibir pero no quería que “le hablara de eso”.
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