Desde horas de la noche del miércoles 13 de marzo, hasta la madrugada de este jueves, un grupo numeroso de indígenas de la comunidad embera katío se manifestó en el centro de Bogotá en contra del Gobierno nacional para exigir vivienda digna y garantías para poder retornar a sus territorios.
En la noche del miércoles estuvieron instalados al frente del Ministerio de Vivienda, y esta mañana amanecieron bloqueando la carrera sexta, cerca a la Presidencia de la República, a pesar de la lluvia, y con mujeres embarazadas y niños.
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Desde 2021 la comunidad embera está ubicada en el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe, con alrededor de 100 carpas improvisadas. Pero en las últimas semanas, el número de indígenas ha ido aumentando debido al supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de garantizarles el acceso a servicios básicos.
Aseguran que más de 130 familias buscan los recursos y medios para el retorno a sus territorios. “Nosotros llegamos hasta el Ministerio de Vivienda para exigir vivienda digna en nuestros territorios indígenas. Los indígenas que han retornado no viven de manera digna, somos 130 familias con niños y mujeres”, le dijo Demetrio Ariotokai, máxima autoridad indígena, a la emisora RCN Radio.
Otro problema al que se enfrenta la comunidad indígena, según le comentaron los líderes al medio mencionado, es la exposición a enfermedades causada por la falta de atención médica, algo que afecta principalmente a niños.
“Por el momento, no nos hemos entendido con la Alcaldía de Bogotá ni con el Gobierno Nacional para llegar a un acuerdo. Le estamos preguntando al Gobierno si esto se puede resolver”, le dijo Ariotokai a la emisora.
Los líderes indígenas aseguraron que permanecerán instalados bloqueando el paso por la carrera sexta hasta que sean atendidos por el mismo presidente Gustavo Petro o por la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, para que les cumplan sus exigencias.
Las manifestaciones en la capital colombiana habían empezado desde aproximadamente las 8 de la mañana del miércoles, avanzando en dos puntos, por la carrera décima y la séptima.
En septiembre de 2021 miembros de las comunidades dobidá y katío de los embera decidieron llegar al Parque Nacional para reclamarle al gobierno del entonces presidente Iván Duque atención por los desplazamientos que sufren de sus territorios a causa del conflicto armado.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Bogotá hay por lo menos unas 480 familias asentadas, con unos 500 niños y niñas y alrededor de unos 60 adultos mayores.
El sufrimiento del pueblo embera: décadas de violencia y desplazamientos de su territorio
La Nación embera habita históricamente en regiones de Colombia y también en Panamá y Ecuador. Su historia ha estado marcada por el conflicto armado en Colombia, especialmente desde la década de 1990, con la presencia de grupos armados como las Farc, el ELN y paramilitares.
Las intervenciones militares no mejoraron la situación, afectando la vida cotidiana de estas comunidades, sus cultivos y la crianza de animales, además de enfrentar violencias basadas en género, amenazas, asesinatos selectivos, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado.
Entre 1970 y 1990, los embera katío experimentaron violencia intensa debido a la explotación del oro en Bagadó, llevando a disputas, derramamiento de sangre y desplazamientos. En 1979, buscaron ser reconocidos como resguardo indígena, obteniendo el reconocimiento del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, del Resguardo del Río Andágueda, pero aun así, la violencia continuó.
Actualmente, muchas familias ember han migrado a ciudades, alejándose de sus prácticas tradicionales y buscando nuevas formas de subsistencia, enfrentando condiciones difíciles.
En Bogotá, la comunidad permanente en el Parque Nacional, en donde enfrenta condiciones de salubridad adversas, con brotes de sarna, casos de diarrea, deshidratación, desnutrición y riesgos para embarazadas, agravados por las enfermedades estacionales, debido a las bajas temperaturas y fuertes lluvias en la capital.
La situación allá fue tal que el Distrito propuso de la Unidad de Protección La Rioja, en donde permanece una población infantil numerosa, que según la Personería de Bogotá, tiene serios riesgos de caer en “mendicidad, la explotación sexual, la trata de personas, el uso y la utilización por parte de estructuras criminales, y la habitabilidad de calle”.
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