El viernes ocho de marzo se dio a conocer la condena que afrontarán los implicados en el escándalo del hotel Irotama de Santa Marta, que se encontraban envueltos en un largo litigio, acusados de fraude procesal y falso testimonio, en medio de la controversia alrededor del trámite de expedición de una licencia de construcción por parte de la empresa Hecol en 2007, para iniciar la edificación de un complejo hotelero al lado del Irotama.
El Juzgado 4 Penal de Santa Marta encontró pruebas de que los condenados, el dueño del Irotama, Héctor Mario Díaz y la directora jurídica del hotel, Margarita Perdomo, indujeron en error a las autoridades administrativas, valiéndose para ello de falsas declaraciones rendidas por los empleados del Irotama ante el notario de Santa Marta. En sus testimonios manifestaron que nunca vieron una valla publicitaria que anunciara la construcción del complejo hotelero.
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El juez de la causa, Camilo Andrés Melo Montenegro, indicó que los entonces empleados del hotel Rubén Darío Sossa, Carmen Cecilia Parra y José Alfredo Noche, fueron condenados por falso testimonio ante la Fiscalía General de la Nación, mientras que Díaz y Perdomo fueron condenados por fraude procesal. Para todos ellos se ordenó una condena de siete años y medio privados de la libertad mediante el mecanismo de vigilancia electrónica.
Adicionalmente, deberán pagar una multa de 400 SMLV —lo que equivale a unos $520.000.000—, sumados a un pago adicional de $10.000.000 por concepto del mecanismo de vigilancia electrónica. También fueron inhabilitados para ejercer funciones o cargos públicos por cinco años en el caso de Díaz y Perdomo, y por el tiempo total de la condena en el caso de los otros tres empleados.
Al final de la audiencia de lectura del fallo, la defensa de los condenados apeló la decisión del juez. Es por eso que ahora la decisión corresponde a la Sala Penal del Tribunal del departamento de Magdalena, que debería ratificar o revertir el veredicto del Juzgado Penal 4 de Santa Marta. Se espera que la decisión de segunda instancia se confirme antes de noviembre de 2024, pues en esta fecha prescribirán todos los delitos imputados y los condenados podrían quedar exentos de sanción.
La historia detrás del pleito
En el fallo del juez se hace una cronología de cómo se desarrolló esta larga causa judicial. Todo inició el 10 de julio de 2006, cuando Jorge Díaz Jacded, en representación de Hecol Ltda, radicó ante la Curaduría Urbana No 1 de Santa Marta una solicitud de expedición de licencia de construcción para el que sería un nuevo complejo hotelero.
Durante dicho trámite administrativo, Díaz Jacded instaló junto a otras personas la valla que provocó toda la discusión, ubicada en una esquina del muro que encerraba el lote donde tendrían lugar las obras. En esa ocasión se aportaron a la Curaduría 3 fotografías para corroborarlo.
Cuando se aprobó la licencia, el ocho de septiembre de 2006, Héctor Mario Díaz reclamó que las vallas “no estuvieron fijadas durante todo el trámite de la licencia y que de manera irregular, las mismas se quisieron fijar después de expedida la licencia ilegal que nos ocupa”, según se expresa en el fallo.
En octubre de ese año, José Alfredo Noche Ramírez, jefe de seguridad del Hotel Irotama, Rubén Darío Ossa que administraba el edificio vecino Irotama XXI, Carmen Parra Mesa, representante legal del Conjunto Cerrado Irotama, junto a Gloria Patricia Díaz Toro, declararon ante una notaría que nunca se había instalado una valla relativa a una licencia de construcción en el predio de Hecol.
Basado en estas declaraciones, Héctor Mario Diaz Herrera denunció penalmente a Jorge Díaz Jacded por el delito de urbanización ilegal. Pero, mientras dicho proceso tenía lugar, el 7 de noviembre de 2007, Noche Ramírez y Parra Mesa rindieron testimonio ante el fiscal Tercero de la Unidad Nacional Anticorrupción. Allí aseguraron que sus declaraciones anteriores no eran ciertas, lo que llevó a que la Fiscalía profundizara la investigación en contra de los directivos y empleados del Irotama.
Adicionalmente, desde el hotel pusieron trabas para que Díaz Jacded procediera con su construcción. Entre estas maniobras se incluyó el cierre de la entrada al terreno de su propiedad. “Al propietario del lote le tocaba pedir permiso al hotel para poder entrar a su propiedad”, reportó en el diario local Seguimiento en 2008. Esto, luego de que Irotama instalara una garita en la vía de acceso a todos los predios, con lo que se vulneró el derecho a la libre circulación de Díaz Jacded.
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