Gobierno Petro tiene 30 días para atender muerte de menores por desnutrición en La Guajira: Corte Constitucional

En un fallo proferido por la Corte Constitucional y que fue dirigido al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, los magistrados enviaron un ultimátum para que en un plazo no mayor a un mes, se presente un plan de acción completo y detallado destinado a enfrentar la crisis humanitaria que padece el departamento de La Guajira, especialmente en lo que respecta a la muerte de menores de edad.

Esta exigencia surge tras evaluar el Plan de Acción Integrado y Unificado entregado previamente, el cual fue considerado insuficiente en cuanto a su claridad y rigor en la definición de acciones para garantizar derechos básicos como el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la salud y la información.

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La decisión de la alta corte se da después de más de seis años, cuando la misma corte había declarado una crisis humanitaria de grandes proporciones en La Guajira, debido a la alarmante tasa de mortalidad entre menores de cinco años de la comunidad indígena Wayúu, con un 32.54% por cada mil niños, cifra que significativamente excedía la media nacional del 6.76%. En su momento, la desnutrición fue identificada como una de las principales causas de este elevado índice de mortalidad.

Aunque el Gobierno nacional ya había tomado acciones en ese departamento, incluida la toma por La Guajira, donde se emitieron decretos de emergencia que luego fueron tumbados, lo cierto es que a la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional llegó un plan del ejecutivo para erradicar el hambre y contribuir con el desarrollo de la infancia.

Sin embargo, al revisar el documento proporcionado por el Gobierno, la corte puntualizó que “aunque el plan intenta presentarse como un documento integrado y articulado, el desarrollo de cada uno de los derechos no muestra evidencia de haberse llevado a cabo con el mismo rigor”.

Se resaltó igualmente la falta de claridad en cuatro de los cinco componentes del plan, los cuales están vinculados directamente con la garantía de derechos esenciales para la población afectada, por lo que el nuevo plan deberá contar con información más específica y comprobable.

En el marco de esta sentencia, la Corte ha instado a la Presidencia de la República y a diferentes entidades gubernamentales, incluyendo los ministerios de Salud, Vivienda, Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, además de organismos como el Dane, el Icbf y la Superintendencia Nacional de Salud, entre otros, a realizar las adecuaciones necesarias.

Las medidas propuestas, conforme a lo señalado por la Corte, ”deben regirse por unos objetivos, parámetros técnicos y condiciones que obligan a un juicio minucioso para conseguir su aprobación. En este sentido, se estudiará con detalle los derechos a la información, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la movilidad, a la luz de las exigencias planteadas en los autos 696 de 2022 y 1290 de 2023″, señala otro de los apartes.

La situación en La Guajira es un reflejo de los desafíos que enfrenta Colombia en términos de garantizar los derechos fundamentales de sus comunidades más vulnerables. La respuesta del Gobierno a esta orden de la Corte Constitucional será crucial no solo para superar la crisis humanitaria actual, sino como un precedente en el abordaje y solución de problemas similares en el futuro.

Por lo pronto, el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre la decisión del alto tribunal, aunque se espera que antes de finalizar el mes de marzo sea presentado un nuevo proyecto que cumpla a cabalidad los requerimientos solicitados.

Sin embargo, crecen las dudas respecto a las acciones ejecutadas en el departamento de La Guajira tras destaparse el escándalo de los carrotanques que estaban estacionados sin cumplir su misión de llevar agua a las comunidades más necesitadas.