
A horas del primer debate en el Senado de la República, la discusión en torno al proyecto de reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro suscitó críticas y preocupaciones de diversos senadores respecto a la sostenibilidad económica y la cobertura de la misma. Incluso, hay solicitudes de archivo para el mismo.
La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, expresó su inquietud sobre la falta de claridad en cuanto a la financiación sostenida y estable que requiere la reforma, “vemos que no se nos ha dicho de dónde podemos llegar y cuál va a ser la fuente de financiación sostenida, estable, suficiente”.
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Por otro lado, el senador Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal, enfatizó en la necesidad de tratar el aspecto financiero de la reforma con seriedad y responsabilidad, “hay un tema financiero que se debe llevar con seriedad y con mucha responsabilidad. Yo creo que ese es el objetivo y la razón de ser de la reforma”.
A su vez, el senador Juan Pablo Gallo, también del Partido Liberal, puso de manifiesto dudas sobre la capacidad de la reforma para resolver las problemáticas de cobertura, equidad y sostenibilidad: “Los problemas de cobertura no se solucionan entendiendo a la pensión como mínimo un salario mínimo, no se solucionan los problemas de sostenibilidad, no se solucionan los problemas de equidad, se avanzan en ellos, pero no se solucionan”.
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Desde la defensa de la reforma, el senador Alberto Benavides, del Partido Pacto Histórico, destacó que la reforma busca ampliar la cobertura en zonas rurales, donde actualmente el 80% de la población no cuenta con pensiones. Indicó que “el 80% de la gente del mundo rural no tienen hoy pensiones; más del 50% no lo tienen, nosotros lo que hemos dicho es que hay que llegar a esas poblaciones con un pilar justamente que les permita acceder”.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abordó el aspecto fiscal de la reforma, señalando que el pilar solidario, aunque implica un costo fiscal, es esencial para generar ahorros en el largo plazo, “y lo que realmente tiene un costo fiscal es el pilar solidario, si quitamos el pilar solidario, el costo fiscal de la reforma genera ahorros”.
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La propuesta de reforma pensional del Gobierno ha desatado un amplio debate en el Senado, poniendo en relieve las preocupaciones sobre su viabilidad financiera, su impacto en la equidad y su capacidad para ampliar efectivamente la cobertura pensional en el país, especialmente entre las poblaciones más vulnerables y en zonas rurales.
Las declaraciones de los senadores y del ministro de Hacienda son un reflejo de los desafíos y las expectativas que envuelven la discusión de esta trascendental reforma, que busca asegurar un futuro más justo y sostenible para el sistema pensional del país.
Propuesta alternativa, con más fuerza
El panorama está complicado debido a que hay más de una propuesta para ser debatida. Así las cosas, la que tiene mayor apoyo es, precisamente, la de la senadora Norma Hurtado, hecho que puso al Gobierno Petro a correr para conseguir mayorías.
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A esto se suma la decisión del Partido Conservador, que decidió respaldar la iniciativa alterna, ya que se sienten más identificados con esta, que plantea un umbral de 1,5 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones.
Instituciones financieras, tajantes frente a la reforma pensional
A las críticas se sumó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). La entidad, que preside José Ignacio López, expuso que la propuesta de reforma pensional su estado actual no solucionará varios de los problemas del sistema, debido a que no modifica la edad de pensión o los regímenes especiales.
“En materia de cobertura es importante recordar que la mayoría de los trabajadores colombianos no alcanzan los requisitos de pensión como resultado de la informalidad laboral. En ese sentido, reiterarnos que la propuesta de reforma laboral, que el Congreso discutirá de forma separada, va en contravía de mejorar la cobertura pensiona, ya que, en lugar de atacar la informalidad, podría aumentarla, al incrementar los costos del trabajo formal”, enfatizó el gremio en un comunicado.
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Anif insistió que el actual Sistema General de Pensiones tiene varias deficiencias y, por eso, celebran la iniciativa del Gobierno de repensar su diseño. Sin embargo, la propuesta de reforma en su estado actual no solucionará varios de los problemas. Ante esto, la entidad hizo las siguientes sugerencias:
- Reducir el umbral del Pilar Contributivo (ojalá a un salario mínimo, pero en todo caso inferior o igual a 1,5)
- Crear un fuerte sistema de Gobierno Corporativo del Fondo del Ahorro, que en ningún caso debería ser administrado por Colpensiones.
- Diseñar un régimen de transición menos laxo, de al menos 1.000 semanas y con requisitos de edad.
- Posponer la entrada en vigencia del nuevo sistema a 2026 o 2027, para que Colpensiones tenga tiempo para preparase.
- Mantener los bonos pensionales de mujeres con hijos, hasta un mínimo de 1.150, pero no reducir las semanas cotizadas de las mujeres a 1.000 como plantea la actual propuesta del Gobierno.
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