Mamá de Sharon Gamarra, actual señorita Barranquilla, sería la cabeza de una banda de contrabando de cigarrillos

Las autoridades colombianas han emitido órdenes de captura contra Noreidys Judith Acevedo Cuadros y Nora Ligia Díaz Rivera, acusadas de ser las líderes de una red de contrabando de cigarrillos que ha estado inundando el mercado nacional con productos ilícitos. La operación delictiva, denominada Frontera, está señalada de importar contenedores llenos de cigarrillos ilegales desde Asia y generar una significativa evasión fiscal en Colombia.

Esta red de contrabando no solo afectó las finanzas nacionales a través de la evasión fiscal relevante, también puso en riesgo la salud pública al introducir productos que no cumplen con los estándares sanitarios colombianos. La operación dejó a las autoridades perplejas al revelar la implicación de Noreidys Judith Acevedo Cuadros, conocida como “la Financiera” y madre de la actual Señorita Barranquilla, Sharon Gamarra, y Nora Ligia Díaz Rivera, apodada “la Madrina”, una empresaria con conexiones políticas en La Guajira, según lo informó Semana.

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Frontera implicaba a personas clave en puertos tanto nacionales como internacionales, asegurando un flujo continuo de cigarrillos hacia Colombia bajo modalidades que evadían los controles aduaneros. Entre las estrategias destaca el uso de tránsito aduanero para intercambiar contenedores llenos de cigarrillos por otros vacíos, permitiendo que el contrabando ingrese a Colombia sin ser detectado.

Esta red tenía nexos en distintos puertos, especialmente en Aruba y Panamá, facilitando la importación y distribución ilegal de los cigarrillos, los cuales luego eran vendidos en varias ciudades colombianas, entre ellas Maicao, Barranquilla y Santa Marta, según relató Semana.

Después de dos años de rigurosas investigaciones, la Policía Fiscal Aduanera y la Dirección de Delitos Fiscales de la Fiscalía lograron desmantelar parcialmente esta operación, resultando en la confiscación de propiedades valuadas en más de 3.500 millones de pesos y la captura de varios miembros de la organización. Sin embargo, tanto Acevedo Cuadros como Díaz Rivera aún se encuentran prófugas. Se les acusa de concierto para delinquir con fines de contrabando y a Díaz Rivera se le suma el delito de enriquecimiento ilícito.

Este caso subraya la creciente preocupación en Colombia por el contrabando de cigarrillos, el cual representó el 35% del mercado en 2023, según informes. El alto porcentaje de cigarrillos ilegales en el comercio subraya la urgente necesidad de reforzar las medidas de control y vigilancia para contrarrestar estas redes delictivas que no solo evaden impuestos, sino que también comprometen la seguridad y salud pública.

Así funcionaba la red de tráfico ilegal

Estas investigaciones, que abarcaron un periodo de dos años, resultaron en la captura de otras cuatro personas vinculadas a la operación. Utilizaba el tránsito aduanero como mecanismo principal, permitía la entrada ilegal al país de cigarrillos provenientes de China, evadiendo controles sanitarios y aduaneros locales.

A través de puertos en Aruba y Panamá, las mercancías eran inspeccionadas superficialmente antes de su ingreso a Colombia. El expediente revela que la red criminal tenía cooptado el control en estos puertos, facilitando así el cambio de contenedores con el fin de introducir los cigarrillos ilegales.

Los cigarrillos contrabandeados se distribuían en ciudades como Maicao, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, y Bucaramanga, generando ingresos multimillonarios para la organización. Este flujo de comercio ilegal no solo perjudicó la salud pública, debido a la falta de cumplimiento con los estándares sanitarios colombianos, sino que también representó una pérdida significativa para las arcas del estado. Con los ingresos obtenidos, los miembros de la organización acumularon grandes fortunas, invirtiendo en propiedades, vehículos de alta gama y establecimientos comerciales, según informan las autoridades.

La investigación también apunta a la posible influencia de este grupo criminal en la política local, utilizando su poder económico para apoyar campañas políticas con el objetivo de cooptar el poder administrativo municipal. Las implicadas principales, la Madrina y la Financiera, actualmente están prófugas, pero existen órdenes de captura en su contra por delitos como concierto para delinquir con fines de contrabando y enriquecimiento ilícito.