La Corte Suprema de Justicia de Colombia anuló la decisión de liberar a dos portavoces de paz, Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua, previamente detenidos por múltiples cargos, incluidos concierto para delinquir y violencia contra servidor público.
Esta resolución responde a una acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación, que argumentó irregularidades en el proceso llevado por la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá. La liberación había sido concedida el 20 de diciembre de 2022, pero ahora se ha ordenado la celebración de una audiencia pública para revisar el caso con más detalle.
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El fallo destaca una violación al Sistema Penal Acusatorio, señalando que la jueza actuó sin cumplir con los requisitos de oralidad y doble instancia, principios fundamentales para garantizar la transparencia y el derecho a la defensa dentro del sistema judicial colombiano.
Además, la decisión de liberar a los activistas se tomó sin realizar una audiencia pública ni permitir a las partes involucradas notificarse y presentar recursos legales. Este procedimiento fue identificado como un defecto procedimental por la Procuraduría, que además lamentó la falta de oportunidad para la oposición y contradicción de la medida.
Márquez y Bermeo, quienes habían sido nombrados voceros de paz por la Presidencia de la República, enfrentan serias acusaciones que incluyen la manipulación y tráfico de sustancias y objetos peligrosos. Su designación como representantes en diálogos de paz y la subsiguiente controversia judicial reflejan la tensa relación entre los esfuerzos de reconciliación del gobierno y las acciones legales en curso contra individuos asociados con protestas y movilizaciones sociales en Colombia.
Esta decisión de la Corte Suprema resalta la importancia de adherirse a las normativas legales y procedimentales, incluso en contextos políticos y sociales complejos. La próxima audiencia pública no solo determinará el futuro inmediato de Márquez y Bermeo, sino que además podría sentar precedentes sobre cómo se manejan los casos relacionados con el activismo social y los delitos asociados a las protestas en el país.
Proyecto de Ley que indulta a miembros de la Primera Línea
El miércoles 22 de noviembre de 2023, se ha presentado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca conceder amnistía e indulto a miembros de la Primera Línea por delitos relacionados con las protestas sociales ocurridas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.
Este periodo coincide con las manifestaciones masivas conocidas como el ‘Estallido Social’ durante el mandato de Iván Duque. La iniciativa fue liderada por Eduard Sarmiento, representante de la Cámara por el Pacto Histórico.
La legislación propuesta contempla a aquellos individuos que han sido señalados, imputados, acusados, investigados o condenados bajo cargos relacionados directa o indirectamente con las mencionadas manifestaciones. La medida propone otorgarles el derecho al debido proceso y posibilitar la liberación de más de 300 personas procesadas y 70 detenidas. Asimismo, permite que el Presidente de la República, Gustavo Petro, conceda el indulto, previa solicitud del interesado, dentro de un plazo no mayor a dos meses, garantizando la extinción de las penas para los beneficiados por este acto administrativo.
Dentro de la propuesta se excluye a aquellos participantes de la Primera Línea que estén implicados en crímenes de lesa humanidad, como genocidio, crímenes de guerra y otras violaciones graves definidas en el Estatuto de Roma. Apoyo a la ley ha sido evidenciado por congresistas del Pacto Histórico como Alirio Uribe y Támara Argote, entre otros.
En el contexto previo a esta ley, el 17 de marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro anunció, durante el evento Gobierno Escucha en Quinchía (Risaralda), la liberación de cinco jóvenes de la Primera Línea en Popayán, acción que seguía recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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