
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia pasará el22 de febrero a una nueva ronda de votación para elegir a la fiscal general de la Nación.
La nueva sesión ordinaria se realizará en medio de fuertes medidas de seguridad, luego de que se hiciera la solicitud de reforzar la seguridad de las zonas cercanas al Palacio de Justicia con el objetivo de evitar que se repita lo ocurrido el 8 de febrero, cuando un grupo de manifestantes bloqueó los accesos de la sede de las altas cortes, al conocer que no se logró la elección del reemplazo de Francisco Barbosa.
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Las medidas son preventivas y se pusieron en marcha desde el miércoles 21, pues las autoridades distritales desconocen si habrá o no manifestaciones. La sala plena del alto tribunal está citada para votar por tercera ocasión por la terna presentada por el presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, hasta ahora ninguna de las tres juristas que conforman la terna ha alcanzado los votos necesarios para ser elegida fiscal general. Es de recordar que la terna está integrada por Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda.
Conforme a lo anterior, han realizado cierres viales en la carrera 8a, la calle 12, la carrera Novena y la calle 12b aledañas al Palacio de Justicia.
Por otro lado, la Alcaldía de Bogotá ha desplegado 1.400 uniformados de la Policía Metropolitana en el centro de la ciudad, estos respaldados con apoyo aéreo. Asimismo, se han establecido cierres preventivos en las zonas circundantes al Palacio de Justicia. Además, se conoció que un puesto de mando unificado coordinará las acciones de entidades como las Secretarías de Gobierno, de Seguridad, y de la Defensoría del Pueblo, junto con la Personería Distrital.
Según dijo el secretario Distrital de Gobierno y alcalde encargado Gustavo Quintero Ardila, es fundamental reforzar todas las medidas para que la jornada transcurra en absoluta calma: “Priorizaremos el diálogo, hablar con la gente siempre es el primer mecanismo y es la prioridad de la administración”, aseguró.

La medida también comprende restricciones al tránsito tanto de vehículos como de personas en áreas estratégicas de la ciudad. Específicamente, las restricciones incluyen un perímetro definido por las calles 12 y 6.ª y las carreras 7.ª y 8.ª, donde solo se permite el paso a individuos que trabajan dentro de las entidades situadas en esa zona. Este control busca “darle una tranquilidad a la Corte Suprema”, según palabras de Quintero, destacando la importancia de la falta de disturbios para el proceso de toma de decisiones judiciales. La seguridad se ha visto reforzada con la instalación de rejas y mallas alrededor del Palacio de Justicia desde horas de la mañana, reflejo del compromiso del gobierno local con la preservación del orden público.
Además, se han tomado medidas preventivas adicionales, como la cobertura de ciertos áreas del edificio del Congreso con material polisombra, con el objetivo de mitigar cualquier intento de vandalismo. Esta precaución se extiende también a frente y un costado de la Alcaldía de Bogotá, reafirmando la seriedad con la que se están abordando los preparativos de seguridad.
Según el secretario de Gobierno, aunque se espera que la carrera 9.ª funcione con normalidad, se aconseja a los conductores evitar esta vía en la medida de lo posible, dado que “no se descarta que pueda estar complicada la situación de movilidad”.
Las medidas de seguridad descritas forman parte de una estrategia integral diseñada para “prepararnos y actuar de cara a todo lo que pueda suceder durante la jornada”, tal como expresó Quintero. Con ello, las autoridades buscan equilibrar la necesidad de mantener el orden público con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias cambiantes, asegurando así que todas las acciones se realicen con el mayor respeto por la ley y los derechos individuales.
Además de los uniformados dispuestos, también habrá miembros de la policía, la unidad de diálogo y del mantenimiento del orden (Undmo), anteriormente conocido como Esmad. También se incluye la presencia de gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno y de convivencia de la Secretaría de Seguridad, quienes actuarán en las estaciones de TransMilenio en la zona con el fin de mitigar cualquier exacerbación de los ánimos entre los manifestantes. “El principio sobre el que vamos a trabajar es que vamos a hacer que la jornada transcurra en paz. Si hay manifestaciones, si hay protesta social, se puedan dar, y a través del diálogo se puedan solucionar los posibles malos entendidos que surjan”, señaló un funcionario.

“En la jornada anterior establecimos los canales de diálogo, quisimos solucionar a través del diálogo hasta el último minuto, hasta el momento que se volvió complicado…”, reflejando el compromiso por parte de las autoridades en optar primero por la vía del diálogo antes de proceder con el uso de la fuerza. Como parte de las medidas de seguridad, se establecerá un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la alcaldía de Bogotá, desde donde se supervisarán las calles y se hará seguimiento a las movilizaciones.
Una preocupación específica expresada por las autoridades es la participación de menores de edad en las protestas. En respuesta a esta inquietud, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia intervendrán en caso necesario. “Los menores deben estar por fuera de las manifestaciones y de la protesta social”, advirtió el secretario de Gobierno, añadiendo que se está investigando la participación de menores en los hechos registrados durante protestas anteriores.
Con estas medidas, las autoridades buscan evitar la repetición de incidentes como los ocurridos el jueves 8 de febrero, situación que requirió la intervención del Undmo. Se espera que, con el nuevo enfoque en el diálogo y una mayor presencia policial, estos incidentes no se repitan y que las movilizaciones puedan desarrollarse de manera pacífica.
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