El ministro de Transporte, William Camargo, le dio, lo que parecía, una buena noticia a los colombianos en un momento difícil para la economía del país. Esto, exactamente, con relación al precio de viviendas y predios que serán impactados por los proyectos de infraestructura y de gran impacto, como la primera línea del metro de Bogotá, así como fondos significativos para la construcción de TransMilenio por la calle 13, el metro ligero de la 80 en Medellín y el sistema de transporte público en Ibagué.
Lo anterior, con relación con la firma del Decreto 163 de 2024, que establece un marco para la financiación específica de proyectos de infraestructura en Colombia.
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Según el funcionario, esta disposición no solo impulsa el desarrollo urbano, sino que también incrementará el valor de las propiedades aledañas a estos proyectos.
La medida, descrita por el ministro Camargo como una “acción del Estado que aumenta el valor de un predio”, indica que los propietarios de terrenos cercanos a estas obras verán una valorización en sus propiedades sin haber realizado inversión alguna. Esta situación deriva del principio de que “no puede haber enriquecimiento sin justa causa”, establecido de manera constitucional en el país, lo que implica que el beneficio obtenido debe, en cierta medida, redistribuirse o devolverse al Estado.
Gremios no son muy optimistas
Sin embargo, según los gremios del sector, parece que aplicar esto no será nada fácil o que, por ahora, no se reflejará de manera muy rápida. Así lo dejó entrever el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, que por medio de X (antes Twitter) expuso un punto contrario.
“Por estos días hemos oído hablar al ministro de Transporte, de forma reiterada, sobre la implementación de la valorización, como instrumento de financiación de las obras. Desde siempre, compartimos esa posibilidad, pero la verdad es que no está claro el hecho de que la implementación de tal instrumento pueda realizarse en los meses inmediatos, como lo sugirió el propio ministro el pasado domingo”, escribió el dirigente gremial en primera instancia.
También adujo que tampoco es válida la apreciación de que el modelo de las concesiones se agota.
Agregó que si tal apreciación fuese asertiva, no estaría la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunciando —como en efecto lo está haciendo— inversiones por más de $24 billones para el programa de concesiones de 5G, como tampoco la banca multilateral hubiese calificado el modelo de alianzas público-privadas (APP) de Colombia como un referente mundial, a través del cual, en escasas tres décadas, el país invirtió en infraestructura más de $100 billones ahorrándose, de esa manera, esfuerzos fiscales de magnitudes insospechadas.
Financiación para proyectos de infraestructura
Lo dicho por Camargo se conoció luego de que el Gobierno de Gustavo Petro tomó una decisión trascendental con la firma del Decreto 163 de 2024, que establece un marco para la financiación específica de proyectos de infraestructura en Colombia.
El decreto 163 plantea un enfoque diferenciado en el tratamiento de los tipos de propiedades afectadas, reconociendo la diversidad en tamaño y uso de los terrenos cercanos a los proyectos. Así las cosas, se hará una distribución justa e informada a los propietarios sobre el proceso de valoración, lo que garantiza que el impacto económico sea repartido de manera equitativa y acorde con los principios de justicia y beneficio mutuo.
Este conjunto de medidas busca no solo mejorar la infraestructura y la movilidad urbana en Colombia, sino también propiciar un entorno económico más justo y equitativo, en el cual el beneficio obtenido del desarrollo nacional se comparta entre todos los actores involucrados.
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