Miembros de la delegación de paz del Gobierno nacional en la mesa de diálogos con el ELN viajaron a Quibdó para escuchar a los mandatarios y líderes de la región del San Juan, luego de que la guerrilla confinó a la población con un paro armado, en medio de confrontaciones con el Clan del Golfo.
La acción decretada por el Frente de Guerra Occidental del ELN del 10 al 14 de febrero dejó más de 27.000 personas confinadas en el sur del departamento. Apenas cinco después del inicio de la prórroga del cese al fuego por seis meses que pactó con el Gobierno nacional.
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Vera Grabe, jefa de la delegación gubernamental en la mesa de diálogos; los senadores y delegados Iván Cepeda y María José Pizarro, así como representantes del mecanismo de monitoreo y verificación viajaron a Quibdó para sostener una reunión con alcaldes, líderes y defensores de derechos humanos para conocer la situación del departamento.
Para la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, la tregua alcanzada debe contar con la población civil. Esa fue una de las solicitudes que realizó a los representantes negociadores para que se plantee dentro de la mesa de conversaciones que se adelanta.
“El cese al fuego termina siendo insuficiente porque esta refiere a un cese de hostilidades entre fuerza pública y ELN. Yo creo que se tiene que extender a la comunidad, se tiene que extender a un derecho que es muy claro que es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de las comunidades y de los individuos que hacen parte de estas”, sostuvo Córdoba.
Sin embargo, como explicó la mandataria departamental, el conflicto que ha generado el confinamiento es la disputa territorial por el control de las economías ilícitas que mantiene la guerrilla con el Clan del Golfo. Al que la comunidad le ha planteado manifestar su voluntad de paz para acogerse a la propuesta del Gobierno nacional.
“El problema que tenemos es que podemos seguir avanzando entre el cese bilateral, la organización guerrillera y el Estado, pero están por fuera los otros grupos y algunos tienen también ceses bilaterales, el problema es cómo logramos que esa protección se amplíe, que haya por lo menos un acuerdo de respeto de los ceses al fuego que hay de carácter bilateral. Se ha hablado de cese multilateral, pero eso parece ser muy difícil”, explicó el senador Cepeda.
En el mismo sentido se pronunció la jefa de la delegación. “Definitivamente las medidas tienen que incluir a la población, no se trata solamente un cese al fuego entre combatientes y Ejército, sino que esto cada vez abarque más a la población. El proceso de paz no solamente es con el ELN, sino que tiene que incluir a los otros grupos para que finalmente se supere la violencia”, señaló Grabe.
El alcalde de Sipí, Jairo Antonio Murillo, señaló que la comunidad de Chambacú se tuvo que desplazar a causa del paro armado hacia Negría y aun cuando se levantó la restricción ilegal, la gente mantiene la zozobra. Sin embargo, sostiene que la solución no involucra únicamente a los grupos armados.
“Estamos confinados por los paros, pero también porque no tenemos vías de acceso. En Sipí la única vía es el agua y cuando se secan los ríos pasamos seis, siete horas para llegar a Istmina. Pedimos esfuerzo para lograr la vía de 29 kilómetros de Sipí-Cajón”, sostuvo el mandatario.
“Levantar un paro hoy no significa que las comunidades del San Juan hoy no estén confinadas porque lo están, el confinamiento no viene solamente del hecho de que el actor armado diga no se puede mover, sino saber que el territorio no es seguro”, dijo la gobernadora Córdoba.
La reunión entre las autoridades departamentales del Chocó y los delegados de paz concluyó con la posibilidad de aumentar la participación del departamento en las negociaciones. Se anticipó que ya habrá algunos grupos que visitarán la mesa, que empezaría con las organizaciones indígenas.
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