Proyecto del Gobierno en Isla Gorgona fue financiado por Estados Unidos: “Es absolutamente militar”

El lunes 12 de febrero de 2024 varios ministros, entre los que se encontraban Ambiente, Defensa y Comercio, en representación del Gobierno nacional, dieron a conocer al país los planes que tienen con la isla Gorgona, ubicada en el Pacífico colombiano.

Ante el anuncio, varios senadores, representantes y miembros del Comité Salvemos Gorgona, que buscan evitar la construcción y del proyecto de la Armada Nacional en la isla se pronunciaron y aseguraron que el Gobierno miente dado que es un proyecto de Estados Unidos con el que espera tener control sobre el pacífico y los recursos pesqueros de la zona.

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En una rueda de prensa que se llevó a cabo en la tarde del miércoles 14 de febrero, el abogado Andrés Pachón explicó los argumentos del porqué no se debe permitir la construcción de una base militar en la isla.

“Esta rueda de prensa es una respuesta a la rueda de prensa que realizó el Gobierno nacional el día lunes, en donde en pleno el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa y varias autoridades ambientales hicieron una rueda en conjunto, mostrando una decisión que para nosotros es absolutamente arbitraria e inconsecuente con lo que ha manifestado el gobierno”.

Según el abogado, aunque el Gobierno nacional aseguró que la intervención en la isla se trata de un proyecto ecoturístico, la verdad es que Estados Unidos está detrás de la construcción de la base con el fin de tener presencia en el Pacífico.

“Le pedimos al Gobierno de Petro que nos respete, que respete a la ciudadanía, cómo es posible que esté diciendo que un proyecto, que es absolutamente militar y que han reconocido hasta la saciedad que es financiado por el Gobierno de Estados Unidos, ahora aparezca como que ya no tiene ninguna financiación de Estados Unidos y que no es ningún proyecto militar”.

El representante del comité social agregó que el plan que presentó el Gobierno nacional para la isla es un tema que preocupa por el riesgo en el que pueden estar la riqueza de la biodiversidad marina y pesquera, esto porque no se tuvieron en cuenta especies endémicas que habitan la isla.

“Cuando uno va y mira la licencia ambiental, todos los estudios de la consultoría, estudios previos de impacto ambiental, todo ha sido pago con los recursos norteamericanos. El radar, que ahora dicen que ya no lo van a comprar con esos recursos, ya lo entregó el Gobierno de Estados Unidos desde el 2019. Luego todo lo que están diciendo que ya lo van a financiar por cuenta propia, ya todo eso está financiado por Estados Unidos”.

En la rueda de prensa también se dio a conocer que no existen licencias ambientales para las construcciones que aseguró el Gobierno, pues aunque presentó entre los planes un centro de investigaciones, la única licencia que se conoce es la del proyecto de la base militar.

Por tal motivo, y para prevenir que se perjudique una isla que es considerada como científica por la cantidad de estudios que se han realizado en la zona, Andrés Pachón confirmó que seguirán intentando detener la puesta en marcha de las labores de construcción, amparándose en todos los medios legales posibles.

“En diciembre de 2022 se presentó una solicitud de medida cautelar, la resolvieron negativamente y el argumento es que no era claro que ya fuera a empezar el proyecto. Hoy no existe medida cautelar, entonces el proyecto puede seguir adelante, estaba pendiente que en el marco de la licencia, del proceso de licenciamiento, la Anla había ordenado nuevas obligaciones, unas obligaciones que para nosotros no son otras cosas que maquillaje verde, están intentando ponerla bonita para que ellos digan lo que dijeron el lunes: ‘Nosotros escuchamos a las comunidades’”.

Por su parte, la representante Jennifer Pedraza aseguró que con la puesta en marcha del proyecto el presidente Gustavo Petro está rompiendo varias de sus promesas de campaña y rechazó que Colombia busque solucionar la necesidad de Estados Unidos de tener presencia en el Pacífico, pasando por encima de las comunidades que habitan la zona.

“Aquí hay cuatro promesas del presidente Petro incumplidas. La primera era que iba a haber una escucha activa y vinculante a las comunidades que van a ser las más afectadas con este proyecto, cosa que no ocurrió. La segunda es que iba a haber priorización de los derechos ambientales y una protección de la biodiversidad en nuestro país. La tercera promesa que el gobierno está incumpliendo es que ellos hablaron de tener una aproximación diferente y de apartarse de la lucha fallida contra las drogas, y la última propuesta que incumple el presidente es tomar las decisiones pensando en nuestras necesidades y no en las necesidades de otros países”.