Crítica situación en cárcel de Tuluá: advierten que al menos 900 personas están en riesgo por fallas de seguridad

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Justicia y a la Uspec para que adelanten acciones que permitan garantizar la vida e integridad física de los reclusos y guardas de seguridad del centro penitenciario

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La Procuraduría solicitó al alcalde de Soacha entregar un informe en menos de 10 días, en el que proponga un plan de acción para evitar nuevas fugas de presos - crédito Procuraduría General de la Nación
El 10 de febrero de 2024 Tuluá reportó una complicada situación de orden público que llevó a que las autoridades decretaran la militarización del municipio - crédito Procuraduría General de la Nación

En medio de la inspección que adelantó una comisión de la Procuraduría General de la Nación en la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca), se encontraron graves fallas de seguridad que estarían poniendo en riesgo la vida e integridad física de los reclusos de este centro penitenciario.

Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la Oficina de Derechos Humanos, alertó que, a un año y medio del incendio en el penal que dejó 56 presos muertos, el 27 de junio de 2022, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) no ha reparado el sistema contra incendios.

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Otra falla que encontró el Ministerio Público fue que más del 70% de las cámaras de videovigilancia de la cárcel de Tuluá están fuera de servicio. Además, según Sarmiento Olarte, se ha requerido a la Uspec solicitando los muros perimetrales que conectan con el barrio La Inmaculada y ”no han sido construidos ni instalado ningún elemento de seguridad y protección para el establecimiento.

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“Hacemos un llamado al Ministerio de Justicia y a la Uspec para que adopten las acciones correspondientes en aras de prever que una tragedia como la que pasó hace año y medio no se vuelva a repetir”, dijo el procurador delegado.

De acuerdo con el ente de control disciplinario, están en riesgo la vida e integridad de unas 900 personas recluidas en el penal, entre reclusos y guardas de seguridad.

Cabe recordar que el 10 de febrero de 2024, Tuluá reportó una complicada situación de orden público, luego de que fuera asesinado un agente de tránsito, atentaran y dejaran gravemente herido a uno de sus compañeros, y quemaran varios vehículos, lo que llevó a que el alcalde de esa población vallecaucana, Gustavo Vélez, decretara la restricción de la movilidad de las personas.

Precisamente, ante la situación de inseguridad registrada en la región central del Valle, la Procuraduría se reunió, el 15 de febrero, con la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde de Tuluá y de otros nueve municipios del departamento, afectados por la ola de violencia desatada por grupos armados ilegales.

Procuraduría se reunió con alcaldes afectados y comandantes Fuerza Pública en Valle
La Procuraduría se reunió con alcaldes y comandantes Fuerza Pública en Valle del Cauca, afectados por la ola de violencia en la región - crédito Procuraduría General de la Nación

El objetivo del encuentro se centró en profundizar la situación actual de orden público y violaciones a los derechos humanos para definir las acciones urgentes que se requieren por parte del Estado para resolverla en el menor tiempo posible.

Las conclusiones del encuentro harán parte del informe preventivo de alerta que presentará la Procuraduría al Gobierno nacional en los próximos días. Sin embargo, el delegado Javier Sarmiento Olarte dijo a los medios de comunicación que se identificó que la estructura delincuencial La Inmaculada no solo estaría operando en Tuluá sino en otros municipios del centro del Valle.

“(...) es necesario no bajar la guardia y seguir fortaleciendo la seguridad en Tuluá y los municipios circunvecinos para garantizar la convivencia de todos sus pobladores”, aseguró el funcionario, que agregó que también existe un alto riesgo para migrantes venezolanos, particularmente menores de edad, que estarían siendo instrumentalizados por grupos armados.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció la restricción de movilidad en Tuluá como parte de la militarización propuesta por las autoridades.

“Vamos a militarizar la ciudad para acompañar a la Policía en sus funciones de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los tulueños. A la ciudadanía, le pedimos que denuncien cualquier actividad que tienda a alterar el orden público (sic)”, confirmó.

La actual restricción de movilidad que rige en Tuluá irá, según lo determinado por las autoridades locales, hasta el 29 de febrero. La medida indica que entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. no podrán circular los motociclistas.

Medidas de restricción para Tuluá
Después de un largo consejo de Gobierno presidido por el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, se tomaron decisiones frente a la movilidad en el municipio - crédito Alcaldía de Tuluá

“Los delincuentes están reaccionando violentamente en Tuluá por la captura de sus cabecillas y las medidas que hemos tomado. No van a pasar por encima de las instituciones, estoy coordinando con @gustavovelezr, la @DevalPolicia y @Ejercito_Div3 para que, de inmediato, garanticemos el orden público en Tuluá (...) ¡Juntos ganaremos la batalla a los delincuentes! (sic)”, agregó Toro.

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