Rodrigo Lara congeló nuevas contrataciones y decisiones de personal en el Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, habría ordenado suspender hasta el próximo 20 de agosto la firma de nuevos contratos y los movimientos de personal en esa cartera, como parte de una revisión de los compromisos administrativos que quedaron en trámite durante la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y la nueva administración de Abelardo de la Espriella.

La decisión habría quedado establecida en una circular interna expedida el 7 de agosto, fecha en la que comenzó el nuevo Gobierno, y establecería un periodo de 13 días durante el cual las diferentes dependencias del Ministerio del Interior deberían contar con autorización expresa del despacho del ministro para avanzar en determinadas actuaciones contractuales y de personal, según la información del medio Semana.

La instrucción abarcaría la celebración de nuevos contratos, las prórrogas, adiciones y modificaciones de acuerdos que ya se encuentran vigentes.

De esta manera, la medida no solo congelaría temporalmente la posibilidad de suscribir nuevos negocios jurídicos, también pondría bajo revisión aquellas actuaciones que puedan extender o modificar compromisos adquiridos previamente por la entidad.

La suspensión incluiría los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, además de cualquier negocio jurídico que implique compromisos presupuestales para el Ministerio del Interior, independientemente de su modalidad o naturaleza.

En materia de personal, la circular establecería un filtro previo para cualquier nombramiento, encargo, comisión o modalidad de vinculación dentro de la cartera. La instrucción estaría dirigida a viceministros, Secretaría General, directores, subdirectores, jefes de oficina, asesores, coordinadores y demás funcionarios que tengan facultades para contratar o vincular personal.

Por lo tanto, durante el periodo comprendido entre el 7 y el 20 de agosto, ninguna dependencia podría formalizar este tipo de decisiones sin que previamente sean revisadas y autorizadas por el despacho de Laras.

La orden, según la fuente citada, también contemplaría excepciones. Podrían continuar aquellos trámites que sean estrictamente necesarios para garantizar la prestación del servicio público, cumplir obligaciones legales o atender órdenes judiciales.

Asimismo, podrían avanzar actuaciones cuya suspensión pueda comprometer el funcionamiento esencial de la entidad o aquellas relacionadas con situaciones de urgencia manifiesta.

Sin embargo, incluso en estos casos las dependencias deberían informar y poner las actuaciones a consideración del ministro. La circular también ordenaría mantener un registro consolidado de todas las solicitudes de autorización que sean presentadas durante el periodo, incluidas las relacionadas con prórrogas y modificaciones contractuales.

La decisión de Lara se produce en medio de las alertas que se han conocido sobre el ritmo de contratación estatal durante las últimas semanas del gobierno anterior.

Según cifras de la Contraloría, entre el 22 de junio y el 21 de julio fueron suscritos 14.414 contratos, una cifra 22,5 % superior a la registrada durante un periodo comparable cuatro años atrás.

Ese panorama ha puesto bajo observación diferentes decisiones administrativas adoptadas antes del cambio de gobierno. Entre los casos mencionados se encuentra un proceso de contratación de la Unidad Nacional de Protección por más de $78.000 millones, así como más de 1.000 contrataciones directas realizadas en la Agencia Nacional de Tierras.

También fueron señalados nombramientos diplomáticos realizados por la Cancillería semanas antes de la llegada de la nueva administración. A estos casos se sumó una decisión del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que declaró hábiles varios sábados, domingos y el festivo del 20 de julio para adelantar procesos contractuales.

La llegada de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior quedó formalizada mediante el Decreto 1136 del 7 de agosto de 2026, norma con la que también se oficializó el gabinete inicial del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El decreto estableció los nombramientos de los 18 ministros que comenzaron funciones con la nueva administración. Además de Lara en Interior, fueron designados Omar Nicolás Bula Escobar en Relaciones Exteriores, Miguel Gómez Martínez en Hacienda y Crédito Público, Iván Alfonso Cancino González en Justicia y del Derecho y Jorge Eduardo Mora López en Defensa Nacional.

El nuevo equipo ministerial asumió sus funciones en medio de la transición institucional y de la revisión de diferentes decisiones tomadas durante los últimos días del gobierno anterior.