
Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar entre el 2012 y el 2015, fue condenado por haber entregado el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a dedo, por el que se pagaron sobrecostos, como kilos de hígado por casi cuatro veces su precio en el mercado.
El contrato que destapó el entramado corrupto se firmó el 21 de agosto de 2015 con el consorcio Alimentación Escolar a Salvo, por un valor de $17.145.105.000 para ejecutarse en 59 días. La empresa estaba conformada por la Fundación Kabala, representada por María Angélica Araujo, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, a nombre de Carmen Rosado Robles.
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De acuerdo con el anuncio de fallo condenatorio, el consorcio obtuvo ganancias de $3.174.651.582 a través de sobrecostos en el contrato, así como a través de una adición por supuestas situaciones irregulares que nunca fueron aclaradas en la liquidación.
Las irregularidades en el contrato vienen desde mucho antes de la firma. La Corte señaló que no se realizaron estudios previos suficientes para sustentar la necesidad del departamento para firmar un contrato por apenas 59 días que, además, calculó mal el número de beneficiarios.

“La información del SIMAT de 2015 refleja cómo Ios estudiantes inscritos en el mes de abril eran 142.284; en mayo 141.812 y en junio 140.155, lo que hace que la cantidad de 146.100 asumidos en los estudios previos, es decir, 5.000 estudiantes sea una cifra superior al promedio que infló el calculo de raciones a suministrar, al punto de haber quedado mas del 10% del contrato sin ejecutar, lo que adicionalmente pone de manifiesto la falta de planeación”, se lee en el sentido de fallo.
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La Corte no encontró justificación para que el contrato se firmara por una cantidad de raciones ampliamente superior a la de estudiantes inscritos, durante ese año y del periodo anterior, lo que terminó por inflar los costos del programa de alimentación.
En el contrato se calcularon costos que no corresponden a los reales y que para las autoridades se trata de una decisión fraudulenta. Por ejemplo, se estableció el precio del kilo de hígado en $65.460, cuando para la época, el precio de la carne era de $14.000 pesos.
Los precios de los alimentos fueron calculados bajo un Índice de Precios al Consumidor de 4.4%, ocho puntos por encima de la que registró el Dane para el año 2014 de 3.6%, por lo que así se habría buscado justificar los sobrecostos que se cobraron por el mercado.
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Así mismo, en el contrato se estableció que el consorcio necesitaba 1.748 manipuladores para empacar los desayunos y almuerzos de los estudiantes. Para ese personal cobró $3.580.261.777, pero al final, como reportan las cuentas, solo gastó $2′212.060.827.60, por lo que se pudo embolsillar más de 1.300 millones de pesos de los recursos del departamento.

“En ese sentido, se demostró que el citado contrato fue direccionado para beneficiar a un consorcio específico. La evidencias dan cuenta de que se suscribió pasando por alto graves falencias en los estudios previos, pues no se estableció la población a beneficiar ni el número de raciones a entregar. Tampoco fueron priorizados los niños en situación de vulnerabilidad, ni se establecieron dietas ni complementos alimenticios para los estudiantes”, señaló la Fiscalía.
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Monsalvo Gnecco, según el documento de la Corte, es responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, porque “permitió la apropiación de $3.174.65.582 en favor del Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, en detrimento del patrimonio econ6mico del departamento del Cesar”.
Ahora se espera la sentencia en la que la Corte deberá definir si envía a prisión al exgobernador, el tiempo que debería pasar en prisión, así como las sanciones a las que haya lugar.
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