Debido a la probabilidad latente de que se intensifiquen las confrontaciones armadas entre unidades disidentes de las Farc en Olaya Herrera (Nariño), la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 de 2024.
“Los combates y otros hechos de violencia que de ellos podrían derivar desencadenarían en graves afectaciones a la vida, integridad y libertad o en probables infracciones al derecho internacional humanitario”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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De acuerdo con la institución del Estado colombiano, el terror ha venido siendo sembrado en las comunidades del municipio nariñense por las disputas entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del disidente Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas Farc (Frente 30 Rafael Aguilera y Columna Móvil Alan Rodríguez), y el Bloque Occidental Alfonso Cano, perteneciente a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico -de la Segunda Marquetalia, también disidencias de las Farc-.
Dichos combates obedecen a la disputa del territorio, ya que es considerado un sitio clave para las rutas del negocio del narcotráfico, así como para la movilización de tropas, evolución de la minería ilegal y tráfico de armas.
Territorios en riesgo
El defensor del Pueblo advirtió sobre el riesgo que corren las vidas, integridad, libertad y seguridad de los trabajadores de organizaciones no gubernamentales (ONG) y entes de control, debido al agravamiento de las conductas armadas que podrían complicar la asistencia y atención humanitaria en el área del conflicto en Nariño. Este escenario supone un desafío creciente para quienes buscan brindar apoyo y protección a las comunidades vulnerables.
La preocupación del funcionario surge en un contexto en el que la violencia y las tensiones en la región sur de Colombia amenazan no solo a los habitantes locales, sino también a aquellos que se esfuerzan por prestar atención y ayuda humanitaria. De igual modo, sucede en las veredas que integran los consejos comunitarios Gualmar, Río Satinga y Río Sanquianga, y en los resguardos indígenas La Floresta, Bacao Turbio y Sanquianguita.
Entre tanto, otras zonas rurales de Nariño, específicamente en El Cedro, La Laguna, Sajal, Caserío Aragón, Alto Merizalde, y Guabillales, se han registrado enfrentamientos entre grupos disidentes de las Farc y las Fuerzas Militares (FF. MM). Estas confrontaciones han provocado daños a la infraestructura de la región y, en algunos casos, desplazamientos forzados de la población local.
La entidad detalló las otras formas en las cuales son violentados los derechos fundamentales en esa región nariñense, por lo que la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) adicionalmente establece que existen formas de control y violencia basadas en género sobre mujeres afrodescendientes, las cuales son sometidas a realizar trabajos domésticos para integrantes de grupos al margen de la ley, quienes las amenazan con atentar contra sus hijos menores de edad.
Panorama intrigante
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseveró que, en caso de que las conductas se agraven, “supondría una mayor dificultad para la asistencia y atención humanitaria que prestan los funcionarios de los entes de control y los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo cual pone en riesgo su vida, integridad, libertad y seguridad”.
Paralelamente, la ATI 002 de 2024 documentó que hay mayor vulnerabilidad en territorios de los consejos comunitarios, específicamente en las veredas Alto Merizalde, El Cedro, Pueblo Nuevo, Barro Caliente. La misma situación se presenta en las veredas donde se han presentado confrontaciones armadas, en cercanías a las escuelas donde los niños y jóvenes son los más propensos a ser víctimas de la posible contaminación del territorio con minas antipersonal.
“Es urgente poner en marcha una labor completa de prevención y atención a las comunidades, ante las acciones de violencia provenientes de los grupos armados ilegales, y darle prioridad a un trabajo de desminado”, añadió el funcionario.
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