Debido a la delicada situación de orden público que se registra en Chocó, en el que los municipios ubicados en las riberas del río San Juan estarían sometidos a un paro armado por parte del frente de guerra occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Procuraduría General de la Nación dio a conocer el domingo 11 de febrero su preocupación por este hecho, que pone en riesgo a la población civil.
“La situación humanitaria en el departamento sigue siendo precaria, la presencia del paramilitarismo arrecia contra la población humilde de este territorio, en complacencia con la fuerza pública que opera en este sector de la región”, se leyó en el comunicado del mencionado frente, Ómar Gómez, emitido el jueves 8 de febrero, y que afecta a Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita.
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Al respecto, el ministerio público pidió al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del acuerdo de cese del fuego con este grupo armado que se tomen medidas inmediatas para la protección de más de 27.000 personas en este departamento. La solicitud surgió tras el anuncio del ELN sobre un paro armado indefinido en la región, lo que pone en riesgo directo a los habitantes del área de influencia.
De acuerdo con el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, no es admisible en ninguna circunstancia estas amenazas a los moradores de esta zona, justo cuando se acaba de suscribir la reciente prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal.
La preocupación de la entidad de control disciplinario se fundamenta en lo que sería la contradicción que representa este paro armado con la reciente extensión del cese al fuego bilateral, temporal y nacional acordado entre el Gobierno y esta estructura, que se extendió por seis meses, luego del cierre del sexto ciclo de negociaciones que se llevó a cabo en La Habana (Cuba).
Este suceso ha generado alarma sobre la seguridad de los residentes en Chocó, especialmente en la cuenca de esta vertiente hídrica, que se encuentran expuestos al confinamiento y a la violencia. Es por esto, que desde la región se pidió la intervención del alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y de Vera Grabe, líder de la mesa de negociaciones con el ELN, instándoles a actuar de manera urgente sobre este suceso.
“Ante un nuevo anuncio de un paro armado en el departamento del Chocó por parte del ELN, desde la Procuraduría General de la Nación hacemos un llamado al mecanismo de monitoreo para que emita las alertas pertinentes, como quiera que estén en riesgo de confinamiento (...) para que actúen de manera inmediata y protejan los derechos humanos de la población en riesgo”, afirmó Sarmiento Olarte.
Medidas a nivel local para hacerle frente al paro armado del ELN
Como respuesta inmediata a esta situación de tensión, la Gobernación del Chocó implementó una serie de medidas durante un consejo extraordinario de seguridad. Entre estas acciones se destacan el incremento de presencia de la Fuerza Pública en las zonas más afectadas por el paro armado, la llegada de más de 200 soldados al área y la realización de sobrevuelos para monitorear la situación.
Las medidas establecidas por las autoridades del Chocó
- Incrementar la presencia de la fuerza pública en la zona de influencia del paro para garantizar la seguridad de la población civil.
- Hacer sobrevuelos por parte de la fuerza pública para mantener un monitoreo constante de la situación de orden público, especialmente en las zonas que rodean los ríos San Juan, Sipí y Cajón.
- Enviar un pelotón del Ejército Nacional a Negría (aldea ubicada en Itsmina), para reforzar la seguridad.
- Entrada de un buque de la fuerza armada en el río San Juan para garantizar la seguridad fluvial y la protección a las comunidades ribereñas.
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