Después de que el canciller Álvaro Leyva anunciara que se apartará de su cargo por tres meses, acatando una suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación, se conoció que dentro de la cartera se estarían presentando una serie de renuncias de las fichas clave del ministro.
Según reveló El Colombiano, el anuncio de Leyva conllevó que varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores presentaran sus cartas de dimisión, incluidas las de Eduardo Alexander Franco Solarte y Juan Carlos Losada Perdomo, dos de sus principales colaboradores.
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Franco Solarte, hasta ahora subdirector del Área Administrativa y Financiera, y Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales, habrían presentado formalmente sus renuncias. Según información recopilada, ambos funcionarios estarían en serios problemas por el escándalo con la licitación de pasaportes y visas en Colombia, que se declaró desierta en 2023 y generó la suspensión del canciller.
De hecho, Franco Solarte, que se incorporó a la Cancillería en enero de 2020 tras una larga carrera en instituciones estatales desde 2005, ya fue denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir en el proceso de contratación que debía asignársele a Thomas Greg & Sons.
Por su parte, Juan Carlos Losada ha trabajado en diversas entidades gubernamentales desde 1987 y su paso por la Cancillería también estuvo marcado de controversias. De hecho, Losada se vio involucrado en el viaje a París en el que presuntamente se favoreció a un oferente de la licitación de pasaportes, según lo denunció en su momento la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
De momento, la noticia no ha sido confirmada por la cartera pero, de confirmarse, el Ministerio se vería en una dura crisis, pues con la salida de Leyva recae en el presidente Gustavo Petro la responsabilidad de nombrar un canciller interino, así como considerar posibles sustitutos para los puestos vacantes de Franco Solarte y Losada Perdomo.
La renuncia de estos altos cargos sugiere un momento de reestructuración en la Cancillería, en medio de críticas por el manejo de procedimientos licitatorios y representación jurídica internacional. Este cambio en la dirección puede influir en la conducción de la política exterior colombiana y en la implementación de futuros proyectos y reformas dentro del Ministerio.
Álvaro Leyva aceptó suspensión de la Procuraduría
El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, ha sido suspendido de sus funciones por un periodo de tres meses, iniciando este 7 de febrero, tras una decisión emitida por la Procuraduría General de la Nación.
Leyva, acatando la sanción impuesta desde el pasado 24 de enero, anunció su separación del cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, conforme a lo establecido por el ente disciplinario. Este proceso surge en medio de controversias relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la fabricación de pasaportes colombianos, en específico con la empresa Thomas Greg & Sons.
La sanción a Leyva llega luego de que la Cancillería declarase desierta la licitación para encontrar un nuevo encargado de la fabricación de pasaportes, situación que llevó a la única propuesta presentada por Thomas Greg & Sons.
La Procuraduría argumenta falta de “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos” en la gestión de Leyva, afectando los principios de la contratación estatal. Asimismo, critica la decisión de declarar urgencia manifiesta para continuar la emisión de pasaportes, calificando los argumentos del ministro como insuficientes.
En respuesta, Yefferson Dueñas, abogado defensor de Leyva, solicitó la revocación de la sanción, argumentando una fundamentación deficiente de los cargos y señalando riesgos potenciales para la seguridad del Estado. Sin embargo, estas peticiones no fueron acogidas, manteniéndose la medida disciplinaria contra el canciller.
Además, el 7 de febrero, la Procuraduría impulsó una nueva investigación contra Leyva por el presunto desacato de la suspensión provisional, tomando en cuenta sus acciones y comunicaciones realizadas en representación de la Cancillería durante el periodo de inhabilitación.
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