
El 5 de febrero de 2024, el Gobierno nacional confirmó un nuevo cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual, entró en vigor a partir del 6 de febrero hasta el 3 de agosto de 2024.
Luego del anuncio, varios sectores criticaron la decisión de la mesa de negociación de aceptar otro cese al fuego, dada la falta de compromiso de la guerrilla, pues han aprovechado los espacios en los que las operaciones del Ejército se han detenido para seguir delinquiendo a lo largo del territorio nacional.
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Por ejemplo, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, criticó la medida y pidió al Gobierno nacional medidas certeras para que el cese al fuego pueda funcionar, pues la guerrilla ha seguido secuestrando, desplazando y confinando comunidades.
Así lo dio a conocer en una entrevista con Caracol Ahora en la que explicó que luego de un estudio, desde la Defensoría del Pueblo “encontramos de que en el último trimestre del año 2023 dan cuenta de que han habido 236 acciones directas e indirectas”, tras el comienzo del cese al fuego.
Por lo tanto, el defensor Camargo aseguró que los representantes del ELN en la mesa de diálogo tienen un discurso, pero la realidad de lo que se vive en el territorio nacional es totalmente diferente.
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“Mientras en los ciclos de negociación con el ELN se está hablando de lograr una consolidación de una paz estable y duradera, encontramos de que es otra la realidad la que se respira y se vive en los territorios del país”.
Camargo aseguró que, a pesar del supuesto compromiso del ELN en la paz, la guerrilla sigue violando derechos, pues no ha dejado de secuestrar, desplazar e instalar minas antipersona.
“Todas estas acciones son acciones violatorias y de incumplimientos a los derechos humanos y también al derecho internacional humanitario porque lo que vemos son registros de homicidios, vemos registros de secuestros, vemos registros de reclutamiento forzado, vemos registros de desplazamiento y confinamiento de comunidades, vemos registros de instalación de minas antipersonal”.
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Dichas acciones armadas en contra de la población civil siguen sucediendo en 2024, aunque se llegó a un nuevo acuerdo de cese al fuego, en el inicio de año ya se tiene el registro de, al menos, 12 secuestros, siendo Arauca el departamento más afectado.

“Encontramos de que en lo que va corrido del 2024 se han registrado 12 secuestros, de los cuales, siete de ellos son en el departamento de Arauca, donde operan y hacen presencia grupos armados ilegales, dentro de esos, el ELN y también las disidencias de las Farc”.
En 2023, el total de secuestros por parte del ELN que registró la Defensoría del Pueblo fue de 110, por lo que Camargo cuestionó la intención de la guerrilla de buscar una paz duradera y estable, pues lo que sucede en las regiones del país es lo opuesto.
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“Me llama especialmente la atención que mientras en la mesa de negociación se está hablando de esa real voluntad, de esa intención genuina de adelantar un proceso que culmine con una paz estable y duradera, encontramos que en el territorio está ocurriendo otra situación”.
Para Carlos Camargo, el Gobierno nacional debería exigir al ELN que detenga cualquier acto contra la población; como también, que se dejen claras las acciones para que los secuestrados que están en poder de la guerrilla puedan regresar a sus hogares sanos y salvos.
“Que haya cese inmediato de cualquier hostilidad, de cualquier afectación en los derechos humanos individuales y colectivos, repito, es muy importante que se le hable con claridad terminado el quinto ciclo, terminado el sexto ciclo, en relación de qué va a pasar con los secuestros y qué va a pasar con el regreso al ceno de su familias de todas las personas que se encuentran en cautiverio en poder de los grupos armados ilegales”.
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