María Fernanda Cabal contradijo a Roy Barreras por donación de Fecode a la Colombia Humana y envió advertencia

El embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, salió a defender al presidente Gustavo Petro y su campaña presidencial de 2022, debido a los señalamientos que han surgido sobre presuntas irregularidades en la financiación, relacionadas con una donación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Se trata de 500 millones de pesos que habrían sido donados al partido Colombia Humana, pero que, en principio, estaban dirigidos a la campaña política del entonces candidato a la Presidencia de la República. Parte del dinero fue utilizado en un contrato firmado entre la colectividad y la empresa Ingenial Media, por servicios de vigilancia electrónica.

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El problema recae en que la compañía realizó tareas relacionadas con testigos electorales, como se estipula en el contrato. Para algunos, esto podría considerarse un gasto de campaña, mientras que para otros no lo es, porque fue un proceso posterior a que se llevaran a cabo las elecciones. Una de las personas que defendió esta postura es Roy Barreras, que en X (antes Twitter), dio a conocer las razones por las que defiende la campaña de Petro.

“La campaña se define como las actividades de un candidato para obtener el voto de la ciudadanía y no las actividades posteriores a ese hecho.” @petrogustavo Punto clave y preciso: Los testigos no son “campaña”. La campaña es para marcar la diferencia de propuesta y talante entre candidatos. El oficio de testigo es igual para todas las campañas La campaña termina a las 12 pm del sábado anterior al día electoral, las actividades posteriores: testigos electorales para evitar el fraude e incluso el transporte (que debe ser gratuito ese día) no son campaña y deben ser financiadas por el Estado”, detalló el embajador de Colombia en Londres.

Sin embargo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lo contradijo, asegurando que sus explicaciones podrían ser utilizadas para permitir el ingreso de dineros a las campañas sin ningún tipo de control.

“Falso. Bajo esta interpretación “royesca”, las campañas podrían inyectar miles de millones el día de elecciones para escapar al control de CNE (Consejo Nacional Electoral). La razón de ser de los testigos ES la campaña. Decir otra cosa es justificar una trampa cuyas consecuencias son delito”, escribió la congresista en la red social.

La “toma mafiosa” de la Fiscalía

Las dudas que se han generado alrededor de la financiación de la campaña llevaron a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, a allanar las oficinas de Fecode en Bogotá, para indagar sobre la millonaria donación.

Este hecho generó malestar en el sindicato y en el presidente, que el 2 de febrero de 2024 advirtió una presunta “toma mafiosa” del ente acusador que ha llevado a una “ruptura institucional” con la que se busca sacarlo del poder. En ese sentido, instó a una movilización popular “por la decencia”.

“No evito que investiguen la campaña, de hecho la Corte Suprema y el Consejo electoral también lo hacen, pero la intencionalidad del fiscal es sediciosa y lo mueve que el grupo que ha manejado la fiscalía en la última década se mantenga. Un grupo ligado al crimen y la impunidad”, precisó Petro en otro trino al respecto.

Una movilización contra la “ruptura institucional”

El viceministro de las Juventudes, Gareth Sella, recordado por haber sido impactado por una bala de goma en su rostro durante una protesta, respondió favorablemente al llamado a la movilización del primer mandatario.

“Nos veremos en donde siempre hemos sido Poder. En donde este Gobierno se vuelve Popular: en la calle. Mi mensaje para las juventudes dignas y rebeldes de este país es que en las calles gobernar es Mandato Popular. Hombro a hombro, en igualdad, Pueblo y Gobierno labrando el futuro”, escribió en X.

Frente a esto, la senadora María Fernanda Cabal solicitó a la Procuraduría General de la Nación revisar cuáles podrían ser los alcances de las aseveraciones del viceministro en materia de orden público. “Los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución y las leyes respectivas, y de ello son responsables”, increpó.