Es alarmante la cifra de hacinamiento en estaciones de Policía de Bogotá: Usaquén y Kennedy son las más críticas

En Bogotá, las alertas ha sido encendidas por el concejal Rolando González, del partido Cambio Radical, ante una crisis de hacinamiento en las estaciones de Policía que ha alcanzado niveles críticos.

Según datos presentados por el cabildante, al 20 de enero de 2024, se registró un sobrecupo alarmante en estas instalaciones diseñadas para la detención transitoria. Con una capacidad oficial de 1.227 personas, los centros albergaban a 2.895 detenidos, lo cual refleja una sobrepoblación del 136%, es decir, 1.668 personas adicionales a su capacidad máxima.

Esta situación pone de manifiesto el problema estructural del sistema de detención en la capital colombiana, que incluye 19 estaciones de policía y seis URI (Unidades de Reacción Inmediata), muchas de las cuales se ven obligadas a retener a las personas por más de las 36 horas permitidas legalmente. Específicamente, 19 de los 23 centros de detección transitoria enfrentan hacinamiento, con 12 de ellos superando el 100% de su capacidad.

Los casos más extremos incluyen la estación de Policía de Usaquén y la de Kennedy, con niveles de hacinamiento del 740% y 562%, respectivamente.

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Este exceso de detenidos no solo afecta a quienes están a la espera de juicio o procesamiento, sino que también incluye a 455 personas ya condenadas que, por falta de espacio en las cárceles nacionales, no han podido ser trasladadas.

González expresó su preocupación afirmando que “las estaciones de Policía se están convirtiendo en cárceles”, evidenciando una incapacidad para manejar adecuadamente el volumen actual de detenidos y resaltando la falta de acción por parte de la Policía Metropolitana en el mantenimiento y la expansión de estos espacios.

“A la fecha, la Policía Metropolitana no ha priorizado la intervención y mantenimiento de las celdas de las estaciones de Policía, es necesario ampliar la oferta de equipamientos que permitan aumentar la capacidad para atender las personas detenidas”, agregó.

Como medida de urgencia, se ha propuesto una estrategia que contempla la adquisición o arrendamiento de bodegas para reubicar a las personas detenidas, buscando mejorar las condiciones actuales de detención y disminuir la sobrepoblación en las estaciones y URI. Un punto destacado en este plan es la posibilidad de construir una cárcel distrital en el terreno de La Picota, que tendría la capacidad de alojar aproximadamente a 2.000 personas, enfocándose tanto en los ya condenados como en los sindicados, como resaltó el alcalde Carlos Fernando Galán en una entrevista reciente con W Radio.

Por otra parte, el panorama se agrava con las declaraciones del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez, quien destacó un déficit de 15.000 funcionarios en las cárceles del país. A la situación de hacinamiento, con un incremento que alcanza el 24,5% para el cierre del 2023, se suman las problemáticas de corrupción y falencias en la alimentación y atención sanitaria a los reclusos.

La transición contractual en la gestión de consorcios, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), ahonda la crisis, afectando directamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Gutiérrez expresó su esperanza de que la Uspec logre una solución rápida a esta transición, para mitigar los problemas en el sistema carcelario.

Esta unión de factores resalta la profundidad de las dificultades que enfrenta el sistema de detención y reclusión en Bogotá, y por extensión en Colombia, desafiando no solo la capacidad logística y estructural de los centros de detención, sino cuestionando la eficacia de las políticas penitenciarias y de justicia del país. La denuncia del concejal González abre un espacio crítico de discusión y acción inmediata al gobierno entrante de Galán ante una realidad que pone en evidencia las falencias de una infraestructura profundamente sobrepasada.