Jhonier Leal no podrá tener su propio perito forense: la Corte Suprema le negó la tutela

La Corte Suprema de Justicia analizó una demanda de tutela presentada por Jhonier Leal, procesado por el asesinato de su hermano, el conocido estilista Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández. En esta demanda, Jhonier Leal solicitaba que el testimonio del perito forense Jaime Montoya fuera considerado durante su juicio oral.

La implicación de Jaime Montoya, perito forense, en el caso surge de la necesidad de Jhonier Leal de incorporar evidencia que pudiera ser crucial para su defensa. El núcleo de la solicitud de Leal al alto tribunal radica en la importancia que él atribuye a las declaraciones de Montoya, a quien considera poseedor de información pertinente para el esclarecimiento de los hechos que rodean los trágicos sucesos.

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La solicitud fue hecha el 27 de octubre de 2023, mismo día en que se estaba llevando a cabo el juicio oral por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Allí se tomó la decisión de rechazar la solicitud de práctica de una prueba pericial de medicina forense a favor de la defensa. Este rechazo se argumentó con base en la discrepancia entre el profesional inicialmente acordado, Luis Rabanal Cepeda, y el presentado durante la audiencia, el médico Jaime Montoya Mateus.

La problemática surgió durante el proceso judicial cuando la defensa solicitó la incorporación de un experto forense cuya participación había sido aprobada en la audiencia preparatoria celebrada el 24 de febrero de 2023. La negativa del tribunal se fundamenta en la falta de correspondencia entre el especialista forense propuesto inicialmente y el que finalmente fue presentado para deponer en el juicio.

La Corte Suprema ha resuelto no intervenir en un proceso penal en curso a través de una acción de tutela, argumentando la falta de necesidad de dicha intervención. Esta decisión se dio luego de que Leal interpusiera el recurso de reposición, alegando la violación de su derecho al debido proceso por no haberse considerado el testimonio de un perito esencial.

El recurso de Leal surgió tras la desestimación de su petición por parte de un juzgado y un tribunal, instancias previas que se opusieron a la consideración de este testimonio. Leal sostenía que la omisión de la declaración del perito como testigo vulneraba sus garantías procesales, motivo por el cual recurrió a la acción de tutela como medio para buscar amparo. La Corte Suprema, al analizar el caso, indicó que intervenir en el proceso penal a través de la tutela desvirtuaría los propósitos de esta acción judicial y podría comprometer la seguridad jurídica así como los derechos de otras partes involucradas en el proceso.

“Conforme con lo anterior, no se ofrece circunstancia alguna que indique la necesidad de que por vía de la acción de tutela, se intervenga en el proceso penal en curso, pues de hacerse, se desconfigurarían los fines para los cuales fue creada la acción tuitiva y le brindaría un uso alternativo, orientado a suplantar, tanto al procedimiento como a los jueces ordinarios, situación que podría poner en riesgo la seguridad jurídica, así como los derechos de las demás partes e intervinientes dentro del procesos que se encuentran en curso, como de las actuaciones que se podrían emprender”, explicó la Corte en su fallo.

Desde esta perspectiva, el máximo tribunal sugirió que recurrir a la tutela en este contexto equivaldría a un uso inadecuado del mecanismo, con potenciales riesgos para la imparcialidad y el adecuado desarrollo de los procedimientos judiciales en marcha. La institución enfatizó la importancia de no suplantar ni al procedimiento ni a los jueces ordinarios mediante acciones de tutela, salvaguardando así la estructura y los principios del sistema jurídico.

La decisión de la Corte Suprema se alinea con los criterios establecidos para limitar el uso de la tutela a situaciones donde verdaderamente se justifique una intervención urgente por vulneración de derechos fundamentales, evitando su utilización como una herramienta para eludir los cauces regulares de los procesos legales. Con ello, se busca preservar la coherencia y la eficacia del sistema de justicia, priorizando el respeto a las vías judiciales establecidas y los principios de legalidad y seguridad jurídica.