Patricia Tobón Yagarí, actual directora de la Unidad para las Víctimas, realizó una denuncia formal el martes 30 de enero de 2024, en la que señaló a ciertos miembros del Congreso de la República por presuntas anomalías en el proceso de modificación de la Ley de Víctimas. Esta reforma legislativa, que fue introducida al parlamento en septiembre de 2023, busca ajustar los mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas de conflictos en el país.
En un foro organizado por El Espectador, Codhes y Usaid bajo el título “Un camino con las víctimas”, se evidenció la urgente necesidad de avanzar en la legislación sobre la Ley de Víctimas propuesta por el Gobierno nacional. Durante el evento, la directora de la Unidad de Víctimas destacó la existencia de una omisión legislativa que ha impedido el adecuado progreso de esta ley, esencial para la reparación de las víctimas de conflictos en el país. Esta declaración fue realizada por la portavoz durante su participación, resaltando la responsabilidad que recae sobre los congresistas para darle el impulso necesario a esta iniciativa.
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La directora también comentó que el dinero destinado para las víctimas del conflicto armado no puede convertirse en plata entregada a la burocracia, y añadió que desde el Legislativo solo han centrado los esfuerzos en la agenda política y no en la agenda de las víctimas.
“Hoy estamos haciendo un esfuerzo muy grande anticorrupción, para que los recursos económicos se estiren, para que le llegue a las comunidades afectadas, no se le puede entregar a los corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso. No podemos tolerar eso”, replicó El Espectador.
El Gobierno nacional propuso una modificación sustancial a la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, con el objetivo primordial de abordar y solucionar la problemática persistente asociada a la insuficiencia de recursos disponibles para su implementación efectiva. Esta reforma, ya anunciada, se presenta como una medida crucial para reforzar el apoyo y la reparación a las víctimas del conflicto armado que ha asolado al país durante décadas.
Ajustes que se plantearon en la Ley de Víctimas
En septiembre de 2023, la Unidad de Víctimas, en conjunto con el Gobierno nacional, radicó algunas modificaciones a la Ley 1448 de 2011, en donde la idea era ”comprometer, desde el más alto gobierno, la búsqueda de diferentes fuentes de financiación para lograr los recursos que requiere la reparación a las víctimas, con la creación de una Comisión de Financiamiento”.
Asimismo, Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas, manifestó en el foro su descontento con las demoras en el debate sobre la reforma a la ley, señalando a ciertos congresistas de postergar discusiones clave en materia de justicia social y equidad. Sus declaraciones apuntaron directamente a la no ejecución legislativa motivada, según ella, por intereses personales sobre asignaciones en entidades públicas.
Tobón subrayó en la importancia de avanzar en la reforma de la ley, porque no solo es una petición de las víctimas, sino una orden de la Corte Constitucional.
Trabajo por hacer con el Congreso de la República y con los mandatarios locales
La Unidad para las Víctimas también enfatizó en la ayuda del Gobierno nacional en 2023, cuando lograron un hito: fue la primera vez que un Gobierno recogió una iniciativa popular, reconociendo esos saberes y esfuerzos de las víctimas y lo presentó al Congreso de la República.
La funcionaria en cabeza de la entidad comentó que la labor por la modificación de la ley presentada a la rama legislativa no acabará en ese punto, ya que, según expresó, “tenemos varios asuntos que hablar con los mandatarios locales y lo haremos conjuntamente con las organizaciones, pero también es una realidad del país. Si no abordamos esa discusión, nos vamos a ver en todos los foros a lamentarnos de lo mismo”.
Por último, Tobón Yagarí expresó optimismo frente al papel de las víctimas en la construcción de paz en Colombia: “El tema de las víctimas es crucial porque la paz de este país debe pasar por devolverle y por ayudarle en dignidad a quienes directamente el conflicto traspasó, es un compromiso ético que debemos ayudar a resolver desde la voluntad de todos”.
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