Miembros de mesa de víctimas de Cúcuta denuncian amenazas de muerte: información delicada se filtró

Integrantes de la mesa de víctimas de Cúcuta (Norte de Santander) denunciaron estar recibiendo amenazas de muerte por parte de grupos al margen de la ley. La coordinadora de la mesa de víctimas, Yuleima García, es una de las personas que han sido blanco de intimidaciones por medio de mensajes que ha venido recibiendo.

Por su parte, Aura Navas, María Vargas, que también hacen parte de la mesa de víctimas, también manifestaron estar siendo amenazadas, al igual que el líder social Edwin Pallares. Luego de dar a conocer los hechos, la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), en la que Yuleima García funge como gerente, se pronunció manifestando su solidaridad y exigiendo protección para las cuatro personas que han sido intimidadas.

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“Rechazamos las amenazas de muerte contra #YuleimaGarcia #AuraNavas #MariaVargas defensoras de derechos humanos de #Corporeddeh por parte de organizaciones criminales, así mismo la del líder social #DarwinPallares exigimos de las autoridades garantías para sus vidas”, escribió en X (antes Twitter) la corporación.

Según detalló Yuleima García en conversación con Caracol Radio, los mensajes han estado llegando por medio de WhatsApp y, con las primeras investigaciones, han logrado identificar a algunas de las organizaciones criminales responsables de ellos.

“Lamentando todos estos hechos, porque esto pone en riesgo no solamente nuestra vida, sino también el liderazgo que ejercemos dentro de los territorios. Es decir, si hoy no hay unas garantías de seguridad que puedan brindarle a los líderes, pues lamentablemente vamos a ver que las bandas criminales van a tomar la ciudad”, dijo la coordinadora de la mesa de víctimas al medio citado.

García indicó que las amenazas en cuestión empezaron a aparecer luego de que hicieran una denuncia, que se charló con entidades institucionales en un lugar cerrado, para mantener la seguridad y confidencialidad del caso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por manejar la denuncia con prudencia, la información terminó filtrándose.

Fue así como los datos llegaron a oídos de una de las organizaciones delincuenciales que están detrás de las intimidaciones. El hecho de que la información no haya permanecido en reserva ha generado desconfianza en las víctimas, que ahora no saben a qué personas allegar las denuncias que tienen. “Es bastante complejo porque ya ni en la institucionalidad uno puede confiar, no sabemos con quién estamos sentados, en qué espacios estamos”, aseveró la coordinadora.

García ya había sido objeto de intimidaciones el 25 febrero de 2023, cuando, por medio de una llamada telefónica que recibió y que permaneció activa durante 38 segundos, le dijeron que había sido declarada objetivo militar.

El hombre que llamó se identificó como miembro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y, en la conversación, mencionó a otros defensores de derechos humanos que también habían sido declarados objetivos militares. Se trata del director de Corporeddeh Enrique Rafael Pertuz; del coordinador de la misma corporación y asesor jurídico del Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos y Carcelarios de Colombia, Carlos Arturo Ramos; y del presidente regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Norte de Santander, Martín Cruz.

Según informó el movimiento social Ciudadanías Para La Paz en un comunicado, Enrique Rafael Pertuz recibió la misma llamada que García momentos antes de que ella contestara la suya. El Congreso de los Pueblos, Ciudad en Movimiento y Corporeddeh rechazaron las amenazas y se solidarizaron con las víctimas.

“Como movimiento social hemos sufrido las amenazas constantes, la persecución de grupos paramilitares, la estigmatización y perfilamiento a nuestros integrantes que ejercen labores de derechos humanos y aportan en la construcción de ciudades para la vida digna. Toda esta violencia se enmarca en el ejercicio permanente por la defensa de la vida, la construcción de paz y el mejoramiento de condiciones dignas en los territorios que habitamos”, se lee en el comunicado.