Laura Sarabia, la mujer de confianza del presidente Petro, se presentó a interrogatorio en la Fiscalía

La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, comparecerá ante la Fiscalía General de la Nación este jueves 18 de enero, para ser interrogada por un fiscal con relación a la investigación sobre el uso irregular del polígrafo aplicado a Marelbys Meza, su exniñera.

La indagatoria, en la que también figuran miembros de la seguridad presidencial, se centra en el papel de Sarabia tras la desaparición de una suma de dinero de su residencia y el posterior sometimiento a la prueba de polígrafo de Meza en los sótanos de la Presidencia de la República.

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Según se conoció, el escrutinio de los fiscales, incluidos los de derechos humanos, busca determinar la responsabilidad de Sarabia en el presunto traslado ilegal de Meza a las dependencias subterráneas del Palacio de Nariño, un procedimiento que se llevó a cabo sin orden judicial y está señalada por la Fiscalía como violatoria de la dignidad de la mujer.

Esta sería la primera vez que la directora del DPS sea escuchada por los investigadores, pues la cita programada para el mes de septiembre de 2023 tuvo que ser aplazada por el ente investigador, pues la mujer de confianza de Gustavo Petro adquirió un fuero constitucional al asumir un cargo dentro del Gobierno nacional.

“Como ciudadana y funcionaria pública soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de responder los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”, señaló la funcionaria a su llegada a las instalaciones del ente investigador.

Dicho interrogatorio fue pactado desde el 29 de noviembre de 2023, pues la defensa de Sarabia pidió a la Fiscalía que fuera escuchada, declinando su derecho legal y constitucional a guardar silencio. “Con la finalidad de acordar una fecha, entregué la agenda de los compromisos oficiales que, en su condición de la directora del Departamento de Prosperidad Social debe asumir, por lo cual se estableció el próximo 18 de enero para llevar a cabo la diligencia”, señaló en su momento el abogado defensor Jorge Mario Gómez Restrepo.

Según se pudo establecer, una vez finalice el interrogatorio, la Fiscalía evaluará las pruebas y decidirá sobre las acciones a seguir, lo que podría desembocar en una imputación de cargos, aunque desde el momento en que estalló el escándalo, tanto Sarabia como su defensa han sostenido su inocencia, declarando que ella nunca impartió órdenes a la seguridad presidencial.

Asimismo, la defensa de Sarabía tendría preparado un paquete de pruebas con el que pretenden demostrar que varios testimonios en el que acusan a la directora del DPS de haber ordenado la prueba extrajudicial fueron modificados durante la investigación, lo que abriría paso a nuevas indagaciones en el polémico caso que dejó en crisis al Gobierno nacional en mayo de 2023 cuando se destapó el escándalo.

Por el caso del uso del polígrafo de la Presidencia también se encuentra vinculado el coronel Carlos Feria, jefe de la Oficina de Protección Presidencial y quien habría ordenado que se practicara la prueba a la exniñera de la entonces jefa de gabinete de Gustavo Petro, después de que se desaparecieran 7.000 dólares de su domicilio.

De hecho, la defensa del alto oficial ha solicitado que su caso sea competencia de la Justicia Penal Militar. El órgano de defensa, representado por el abogado Marlon Díaz, argumenta que la jurisdicción ordinaria no es la competente para procesar al miembro de la Policía Nacional, promoviendo el cambio de juez en la causa.

En el inicio de la audiencia de juicio, donde Feria es señalado por abusos contra la niñera de la exjefa de gabinete, Díaz argumentó que la Fiscalía 2203 de conocimiento especializado de la Fiscalía Penal Militar y Policial ya cuenta con un expediente por los hechos en cuestión.

Por tanto, insiste en que “nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y ante un juez o tribunal competente” y destaca que las acciones de Feria se realizaron como parte de su servicio activo relacionado con su misión de Protección Presidencial.

El pedido de la defensa se sustenta en el argumento de que los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso atribuidos a Feria, deberían caer bajo el ámbito de la justicia militar. El abogado Díaz resaltó que el fuero militar es aplicable, siempre que las actividades investigadas guarden relación directa con las funciones misionales de Feria en la Dirección de Protección de la Policía Nacional, por lo que las atribuciones civiles se limitarían a crímenes graves como tortura o desaparición forzada.

Además, indicó que las evidencias, la hoja de vida y la trayectoria militar de Feria serán presentadas para respaldar la solicitud.