Laura Sarabia insistió en que no ordenó el polígrafo a Marelbys Meza y presentó 17 pruebas para demostrarlo

La investigada Laura Sarabia enfrenta indagaciones tras la aparición de un escándalo por hurto en su apartamento en enero de 2023. La principal sospechosa del incidente en su momento fue Marelbys Meza, quien fungía como niñera de Sarabia.

La justicia del Estado ha intensificado las pesquisas, involucrando a equipos de seguridad presidencial, Policía y servicios de inteligencia.

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Al momento de llegar a la Fiscalía, Sarabia dio declaraciones publicas en las que aseguró que “como ciudadana y funcionaria publica, soy respetuosa de la ley y de la administración de justicia y de la institucionalidad , desde el primer día estuve a disposición de atender los requerimientos de cada aun de las autoridades”.

Añadió que estaba lista para responder a todas las preguntas de la Fiscalía “renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengas los investigadores. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo”. Aseguró que estaba convencida de que la jefatura de la Presidencia había actuado conforme a la ley, la libertad y la dignidad.

Finalizó sentenciando que estaba lista para pasar esta página amarga y que trabajaría para limpiar su buen nombre y en pro de todas las comunidades vulnerables. “No he dudado emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado, acciones que ya provocaron unas primeras citaciones ante la Fiscalía el próximo 24 de enero. Nada ha logrado, ni logrará distraer mis obligaciones y compromisos con las comunidades excluidas, con el gobierno y con mi país”, concluyó.

Una vez culminado el interrogatorio en la Fiscalía, el abogado de Sarabia, Jorge Mario Gómez, dio declaraciones sobre lo que había ocurrido. “Como defensor de Laura Sarabia solicité desde el año pasado el interrogatorio que hoy ha rendido, la Fiscalía General de la Nación tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia (...) dos cosas han quedado en claro que Laura Sarabia No ordenó ningún polígrafo y que los autorizados cumplieron con rigor los protocolos establecidos en la ley con completo respeto por los derechos”

La situación de Sarabia

Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social y antes jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, fue objeto de robo en su residencia el pasado 28 de enero. Este suceso precipitó un escándalo al involucrar a personal de seguridad y a la Policía en conductas fuera de la ley. La víctima principal de dichas acciones ilegales fue Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, quien fue sometida a pruebas de polígrafo y tuvo sus llamadas interceptadas - una práctica conocida en Colombia como “chuzadas”.

Tras el hurto en la vivienda de Laura Sarabia, se han registrado irregularidades en la investigación, entre las que destacan la aplicación no autorizada de exámenes de polígrafo y escuchas telefónicas a Meza. La implicación de entidades de seguridad del Estado ha generado preocupaciones respecto a la privacidad y los derechos individuales. Actualmente, la Fiscalía centra su atención en Sarabia, buscando esclarecer su rol en las pruebas ilícitas practicadas a su exniñera. Los hechos tomaron lugar en un sitio clandestino situado frente al emblemático Palacio de Nariño, centro del poder ejecutivo en Colombia.

Los métodos utilizados en el caso de Marelbys Meza han desatado un amplio repudio por parte de la opinión pública y diversas entidades de protección a los derechos humanos. La exniñera fue interrogada exhaustivamente en los sótanos de un edificio, que se encuentra ubicado directamente ante la residencia presidencial, cuestionando las prácticas de la seguridad estatal y la fiscalización de sus actos.

La controversia gira en torno a la violación de la legalidad y el debido proceso en un caso que afecta tanto a la intimidad de una ciudadana como a la integridad de las prácticas gubernamentales. La revelación de estos eventos ha suscitado un debate nacional sobre la supervisión de las operaciones de inteligencia y el respeto a los derechos fundamentales en el territorio colombiano.