
Medida de aseguramiento pidió la Fiscalía General de la Nación en contra de Pierre Eugenio García, director del Departamento de Prosperidad Social durante el Gobierno de Iván Duque, por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como las ‘Marionetas′.
Los delitos por los cuales el exfuncionario es acusado son concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, por presuntamente haber participado en el entramado de corrupción que envió a la cárcel al fallecido Mario Castaño y en el que también estaría implicado el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez.
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La fiscal encargada del caso contra el exfuncionario de Duque argumentó ante la jueza 42 de control de garantías la necesidad de imponer la medida privativa de la libertad al sindicado por el riesgo que habría de que no asista a las audiencias y para garantizar la integridad del proceso. Según ha dicho el exdirector del DPS, su domicilio está en Colombia, pero la Fiscalía cree que el sindicado estaría domiciliado en París, Francia.
Los cargos le fueron imputados a García en diciembre de 2023, por supuestamente haber recibido en su despacho de director del DPS a funcionarios, contratistas y congresistas interesados en los contratos de la empresa Proyecta Quindío para la financiación de obras de infraestructura en Tolima, Quindío y Valle del Cauca.
La convocatoria (001 del DPS) en la que se contrató a esa empresa se realizó en 2020. Al ser una compañía industrial y comercial del Estado, pudo manejarse supuestamente en beneficio de los interesados. El monto del contrato fue de unos $48.000 millones.
Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío y que hoy es testigo de la Fiscalía, se habría reunido en Armenia con varias personas interesadas a quedarse con los recursos del DPS. Algunos de ellos serían Miguel Ángel Barreto, Carlos Motoa, Pablo César Herrera, Anderson Gonzáles, Raúl Cardozo Ordóñez, Raúl Cardozo Navas, Raúl Cardozo Nuncira, Gian Carlo Storinio, John Jairo Tejada, Alejandro Noreña y el excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García. También estaría implicada la exsecretaria del DPS Tatiana Buelvas.

“Pierre sostuvo reuniones de manera directa en las instalaciones del DPS con diversos senadores y políticos (Ramírez, Barreto) y el excandidato García, así mismo con Pablo César Herrera”, relató el fiscal, agregando que el exdirector del DPS “tenía la particularidad de no hablar, o de no dejar entrar celulares a su oficina”.
Además, el fiscal del caso describió que “las reuniones se hacían en la oficina de Pierre Eugenio García, en el sexto piso del DPS, y como regla, no ingresaban equipos electrónicos. No hablaba, pues se comunicaba, era escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaba y posteriormente escribiendo en una tablet en la que borraba lo escrito”.
Ciro Ramírez y Pierre García pretendían conformar una gerencia integral que comprendiera las zonas de influencia del senador del Centro Democrático, que eran Boyacá y Cundinamarca, e incluirle Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. La bolsa total de los contratos era de 116.000 millones, pero luego la redujeron a 70.000 y finalmente, “por prudencia”, a 48.000 millones.

El exfuncionario de Duque no aceptó los cargos y se declaró inocente. “Su presentación es clara, he entendido, conozco mis derechos y no necesito hablar con mi abogado... Rechazo los cargos que me imputa la Fiscalía, soy inocente, lo demostraré con pruebas con mi defensa y por ello no acepto los cargos”, dijo en la audiencia.
Pero para la Fiscalía existe material probatorio suficiente que demostraría que García tuvo interés indebido en la celebración de los contratos.
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