El 14 de enero de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, emitió el Decreto 0016, que tiene como objetivo principal la extensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las Farc-EP por un período adicional de seis meses. Este anuncio llegó un día antes de que finalizara el cese bilateral acordado tres meses atrás, el 17 de octubre de 2023, cuando se instaló la mesa de diálogos en Tibú (Norte de Santander).
El decreto, además de prorrogar la suspensión de hostilidades hasta el 15 de julio de 2024, concede a la mesa de negociación la facultad de “acordar nuevos objetivos del cese al fuego dirigidos al fortalecimiento del proceso de paz, la profundización de las transformaciones territoriales y el reemplazo de las actividades económicas ilícitas, la protección del medio ambiente, la participación de la sociedad y la protección humanitaria de la población civil”, como se detalla en uno de sus artículos.
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“La prórroga del cese al fuego busca fortalecer y mantener las reglas y compromisos en materia de protección a la población civil, y en esa medida evitar su afectación”, aparece en el documento.
El proceso de paz liderado por el presidente Petro con el grupo armado bajo el mando de Iván Mordisco alcanzó un nuevo hito con esta extensión del cese al fuego. El tercer ciclo de diálogo se llevó a cabo con la perspectiva de esta prórroga.
No obstante, a pesar de la extensión del alto al fuego, la tarea principal para ambas partes será establecer una agenda clara de negociación. El bosquejo de los ejes temáticos insinuaba la posibilidad de abordar temas contemplados en el pacto de La Habana (Cuba), que se considera crucial.
Dicha importancia radica en que, aunque la mayoría de los 3.200 hombres que conforman este grupo no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, existen varios firmantes de ese pacto, que crearon un obstáculo jurídico que el Gobierno aún no ha resuelto.
La montaña rusa del diálogo de paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central
El 5 de noviembre de 2023, el proceso de diálogo entre la administración de Petro y el EMC sufrió un quiebre con la suspensión de la mesa de negociaciones. Este desacuerdo se originó a raíz de acusaciones mutuas de incumplimientos a lo acordado, específicamente relacionado con operaciones militares en una zona del suroeste del país.
La discordia se intensificó cuando el EMC denunció un “incumplimiento total” por parte del Estado, argumentando que las Fuerzas Militares no se retiraron de una zona del departamento del Cauca, donde se había acordado su salida. Esta decisión de suspender la mesa de diálogos, que había sido instalada apenas 21 días antes, incluía un cese al fuego bilateral.
La situación alcanzó su punto álgido con la retención de aproximadamente 200 soldados en la localidad de El Plateado (Cauca), que habían llegado para asegurar la integridad durante las elecciones de alcaldes y gobernadores el 29 de octubre. La comunidad, presionada por el EMC, forzó la salida de los militares de la zona, mientras la guerrilla insistía en que abandonaran áreas de influencia como el Cañón del Micay.
A pesar de este episodio, las tensiones se calmaron, y las conversaciones entre las partes avanzan en privado. El Gobierno expresó la intención de abordar la construcción de una “agenda ambiental” que contemple medidas de aplicación inmediata en la región amazónica, centradas en la no deforestación, el respeto a las organizaciones y su autonomía, así como la respuesta a las comunidades en asuntos ambientales.
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