HRW lanzó alerta por la violencia en Colombia y le llamó la atención a Gustavo Petro

De acuerdo con Juan Papier, subdirector de la División de las Americas de Human Rights Watch, es “lamentable” que la política de Paz Total del presidente no se vea reflejada en la realidad

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En 2023 se alcanzaron niveles
En 2023 se alcanzaron niveles vistos solo antes de la firma del Acuerdo Final de Paz, en 2016; según Human Right Watch- crédito Colprensa

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó su informe anual en el que advirtió que Colombia se encuentra en una crítica situación a causa del recrudecimiento de la violencia.

Grupos armados que controlan varias zonas en conflicto aumentaron sus prácticas violatorias de derechos humanos contra la población civil, a tal punto que en 2023 se alcanzaron niveles vistos solo antes de la firma del Acuerdo Final de Paz, en 2016.

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Pero esto no fue lo único que resaltó del informe de HRW. Los abusos por parte de la fuerza pública aumentaron y, de acuerdo con la organización, las autoridades no lograron justicia.

En conversación con Blu Radio, el subdirector de la División de Américas, Juan Pappier, se refirió al reto que tiene el Gobierno actual frente a la crítica situación de violencia.

De acuerdo con Pappier, es “lamentable” que la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro no se vea reflejada en la realidad. La violencia persiste y se ha intensificado desde 2018, posterior a la firma del acuerdo.

“La violencia ha llegado a niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz con la Farc, es decir, el año 2011-2012. Este aumento de la violencia, estos abusos que ocurren en los territorios colombianos, no han cesado durante la política de paz total que ha implementado el presidente Gustavo Petro”, dijo en funcionario.

Además, aseguró que el presidente no ha logrado combatir de manera efectiva la inseguridad y la violencia en el país, pese a los esfuerzos que ha hecho desde su Gobierno:

El presidente Gustavo Petro ha buscado cambiar esa política de seguridad, pero todavía no ha logrado una política de seguridad sólida en el territorio, enfocada en proteger a la ciudadanía, en proteger a los colombianos que viven en el Pacífico, que viven en el Bajo Cauca antioqueño, en regiones del país que sufren altos indicadores de violencia”, anotó Pappier al medio citado.

También aseguró, tras la entrega del informe de HRW: “Los ceses al fuego pueden ayudar a traer alivio a las comunidades si se realizan con los protocolos correctos y sin las improvisaciones que vimos a comienzos de 2023. Pero sin una política de seguridad sólida a nivel territorial, difícilmente traerán mejoras sostenibles en los indicadores de seguridad ni ayudarán a garantizar el éxito en las negociaciones”.

En 2023 aumentó las cifras
En 2023 aumentó las cifras de secuestros y reclutamiento de menores en Colombia, según el informe de Human Right Watch - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

Como parte de la solución, el funcionario señaló: “Lo que necesitamos es que la policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía puedan trabajar en conjunto para tener estrategias claras de protección de la ciudadanía en el terreno y de judicialización estratégica”, contra los grupos criminales que, para Pappier, ayudan a surgir algunos políticos y funcionarios corruptos.

Finalmente, arremetió contra la Fiscalía General de la Nación, calificando de “insuficiente” los logros alcanzados por la entidad judicial.

“Creo que la Fiscalía está en deuda en lograr resultados suficientes en materia de judicialización de los abusos que cometió la fuerza pública en años pasados en Colombia. (...) lamentablemente ese caso ha quedado en el limbo entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, lo cual facilita la impunidad en el país”.

El informe presentado por Human Right Watch señala que ha habido pocos o nulos avances en las investigaciones por los abusos policiales cometidos durante las manifestaciones de 2019 y 2021.

HRW dice tener pruebas de 25 asesinatos en estos contextos, así como lesiones y arrestos arbitrarios, que involucrarían a uniformados ya identificados, pero que ninguno ha sido condenado.

Por la masacre del Alto remanso, ocurrida el 28 de marzo de 2022 y que dejó a cuatro civiles muertes, la Fiscalía dijo que acusaría a 25 soldados, pero ante la falta de resultados, la Corte Constitucional estudia la petición de pasar el caso a la justicia penal militar.

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