
El líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, emitió en su cuenta de X un comentario refiriéndose a la reciente demanda presentada por el Ministerio de Salud en contra de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). La acusación del ministerio señala a las EPS por presuntamente “vulnerar el acceso a la seguridad social en salud”, lo cual ha generado un intenso debate sobre el estado de la salud pública y la gestión de las entidades de salud en el país.
Uribe argumentó en su mensaje: “Asfixian a las EPSs, las demandan, impulsan la ley estatista para acabarlas. Que senadores eviten el error del monopolio politiquero”. Con estas palabras, el exmandatario manifiesta su preocupación ante lo que considera un ataque a estas entidades y advierte sobre lo que según su visión sería un paso hacia el establecimiento de un sistema de salud monopolizado por el estado.
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La reacción de Uribe surge en un contexto donde el sistema de salud colombiano se encuentra bajo la lupa debido a cuestionamientos sobre su eficacia y cobertura. Las EPS han sido objeto de múltiples críticas por parte de usuarios y entidades gubernamentales a lo largo de los años, alegando falencias en el servicio y dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Esta demanda del Ministerio de Salud parece ser una respuesta gubernamental frente a tales reclamos.
Acciones legales de Minsalud contra EPS por vulnerar acceso a la salud
El Ministerio de Salud radicó ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá una demanda en contra de 21 EPS, argumentando que estas entidades estarían vulnerando el derecho a la seguridad social en la salud.
Así se ve en el documento dado a conocer por El Tiempo y que está firmado por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, en el cual se detalla que por instrucción del propio jefe de la cartera de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo se procede a esta acción judicial, al considerar que las EPS estarían vulnerando diferentes derechos.

Los derechos por los que se le acusa a las EPS de haber vulnerado o amenazado son a “la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna”, dice la demanda.
De esta forma, el ministerio pretende que a las Entidades Promotoras de Salud les sean ordenadas acciones inmediatas “con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la constitución e inversión de reservas técnicas, para garantizar las obligaciones pendientes conocidas y no conocidas, considerando no sólo los períodos actuales y futuros, sino también aquellos periodos incumplidos con anterioridad; en procura de garantizar el derecho fundamental a la salud y su debida prestación de los habitantes del territorio nacional y así, hacer cesar la grave afectación que actualmente se encuentra presentando los derechos e intereses colectivos”.
Según lo expuesto por el Ministerio de Salud en la demanda, la prestación de los servicios de las EPS en materia de aseguramiento de la salud estaría en riesgo al considerar que estas entidades incumplen con diferentes requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud.
Entidades Prestadoras de Salud que enfrentan demanda

Las acusaciones en contra de 21 EPS, que incluye a reconocidas entidades, han generado preocupación dentro del sector salud, impactando a una importante porción de afiliados que dependen de estos servicios para su atención médica.
La lista de las entidades demandadas por el Ministerio de Salud abarca una amplia gama dentro del sector, sumando a instituciones como la Unidad de Servicio Médico EPM, Famisanar EPS, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), Capital Salud, Capresoca EPS y Savia Salud, esta última conocida también como Alianza Medellín Antioquia EPS. Instituciones de gran calibre como Nueva EPS, Cajacopi, Asmetsalud, Emsanar, Salud Mía, Comfachocó, Comfaoriente, Mutualser EPS, Coosalud, Salud Total EPS y EPS Sura también están incluidas en el grupo de entidades legales bajo investigación y proceso judicial.
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