Estas son las medidas que analiza el Inpec para erradicar la extorsión carcelaria

El uso de celulares en las cárceles se convirtió en un problema fuera de control que afecta gravemente la seguridad en el país, debido a que algunos presos los utilizan para ordenar asesinatos, extorsionar, amenazar o estafar a ciudadanos.

Al respecto, tanto el Gobierno nacional, como la Procuraduría, le puso la lupa a la problemática, especialmente a la extorsión carcelaria que, según el mencionado ente de control, ha aumentado en un 41% del delito desde las cárceles.

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La procuraduría indicó que el Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor casos de extorsiones desde centro penitenciarios y advirtió que este tipo de delito puede extenderse a otras regiones del país: “Desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ha hecho especial seguimiento a esta problemática, alertando que este delito corre el riesgo de extenderse a otras regiones del país, tal como está sucediendo ahora en Barranquilla”.

El Ministerio Público recalcó en que el aumento de las extorsiones de estas características es responsabilidad del Gobierno Nacional y del Inpec, debido a que de los 22 bloqueadores de señal instalados, solamente dos funcionan.

“Para la Procuraduría, la falta de operatividad del Gobierno y del INPEC se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal, pues de 22 instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan 2″, y añadió la falta de control por el ingreso de los dispositivos a las cárceles, que están prohibidos en las cárceles: “En igual sentido, cuestiona que se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad, dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad estando tras las rejas”.

En respuesta al mal funcionamiento de los inhibidores de señal, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, sostuvo en entrevista con El Tiempo, que la instalación y mantenimiento de los dispositivos no es responsabilidad de la entidad que direcciona, sino de la Uspec; además se refirió a la operación Dominó que condujo a la incautación de 33.000 celulares durante 2023 y otros resultado positivos:

“Tenemos cerca de 27 servidores penitenciarios por hechos de corrupción, 125 capturados en flagrancia (los que tratan de ingresar elementos no permitidos) y alrededor de 5.400 investigaciones abiertas para un total de 3.800 servidores investigados”, dijo el director al medio citado.

De otro lado, la Procuraduría propuso a las autoridades responsables de resolver las extorsiones desde las cárceles del país, que se instale una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional, con el propósito de focalizar un grupo especializado que abordará dicho delito.

De acuerdo con el medio citado, la propuesta ya se dejó sobre la mesa la iniciativa de la Procuraduría, en la que se estudia si se puede vincular dicha dependencia con la Unidad Investigativa que ya está conformada por el Inpec y la Fiscalía General de la Nación para operar eficaz y articuladamente.

Uno de los motivos con los que se pretenden juntar esfuerzos de las tres instituciones, es por la ineficacia de la Fiscalía, que debido a la congestión, los procesos judiciales contra los indiciados resultan demorados:

Otra de las alternativas que estaría evaluando los directivos del centro carcelario es que entre las modificaciones al Código Penitenciario que pretende hacer el Ministerio de Justicia, se declare delito la tenencia y uso de dispositivos móviles en los centros carcelarios; no obstante, este cambio en la ley penitenciaria podría tener implicaciones desde otras aristas a nivel periodístico, en fundaciones y en los funcionarios del Inpec.