Defensa de Jhonnier Leal pidió su libertad por vencimiento de términos

En audiencia se define si finaliza la detención del hermano del estilista Mauricio Leal. El fiscal Mario Burgos ha anunciado que la “contabilización de la suspensión de términos” no es suficiente y es un conteo excesivo, “de mala fe”

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Jhonier Leal
Jhonier Leal enfrenta un debate en favor de su libertad llevado a cabo por su defensor, Daniel Peña - crédito Colprensa

En manos de la Juez 18 de control de garantías de Bogotá estaría la decisión de dejar en libertad al estilista procesado, Jhonier Leal, hermano del asesinado Mauricio Leal Hernández, cuya muerte sucedió el 21 de noviembre del 2021.

Las razones por las que la defensa del sindicado, liderada por el jurista Daniel Peña, estaría solicitando la libertad de Leal, se habrían fundamentado en un aparente “vencimiento de términos”, ya que, según lo que se ha hablado en el espacio de discusión, el acusado no ha sido sometido a ningún fallo, luego de dos años de privación de la libertad.

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Los delitos que se le imputan a Leal Hernández son homicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios y se relacionan con los cuerpos encontrados el 22 de noviembre de 2021 en La Calera, Cundinamarca.

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Así, en las horas de la mañana del 10 de enero de 2024, se ha desplegado la audiencia en la que se han expuesto las razones jurídicas que derivarían en la posible libertad de Jhonier Leal, en virtud de presuntos aplazamientos y extensiones en el desarrollo de la actividad judicial.

No obstante, juristas como el Fiscal Mario Burgos, han expuesto argumentos de contraposición a la solicitud de Peña, en vista de un conteo presuntamente irregular, “desleal, de las fechas programadas en medio de toda la actividad procesal.

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Fiscal Mario Burgos en audiencia sobre libertad de Jhonier Leal - crédito captura de pantalla de audiencia ante Juez 18 de control de garantías de Bogotá
Fiscal Mario Burgos en audiencia sobre libertad de Jhonier Leal - crédito captura de pantalla de audiencia ante Juez 18 de control de garantías de Bogotá

De la misma manera, Burgos ha denunciado aplazamientos y suspensiones a algunas audiencias en las que, incluso, se han informado excusas de salud por parte de Leal que no han sido confirmadas médicamente.

Aún así, el conteo de días que expone la contraparte no se atribuiría, fundamentalmente, al sistema judicial, sino en la defensa de Leal, que tendría más de 42 días de prórrogas solo hasta el final del 2022.

Como consecuncia, la posición del fiscal ha determinado alegar que la contabilización de los días de suspensión que ha considerado el abogado Daniel Peña es “excesiva”, de manera que podría tratarse de un “abuso de los recursos” en el curso del proceso.

La posición de Peña

La defensa de Leal Hernández, procesado por el asesinato de su hermanos y su madre Marleny Hernández, ha solicitado su liberación, arguyendo que han transcurrido 725 días desde su aseguramiento sin una decisión concreta en el juicio.

La petición fue dirigida por el abogado Daniel Peña a la jueza 18 de control de garantías de Bogotá, quien tomó como referencia que desde el 15 de enero de 2022, cuando se dispuso la medida de aseguramiento, solo se han efectuado audiencias sin llegar a un veredicto final, a la vez que algunos de los aplazamientos no estarían, según su alegato, atribuidos a la la misma defensa, sino a procesos de la justicia.

El representante legal de Leal Hernández durante la audiencia ha resaltado la complejidad del caso por algunos acontecimientos que han marcado el la demora en el desarrollo del proceso: el fracaso de un “preacuerdo”, la renuncia de la abogada previa del procesado y, en la misma medida, varias recusaciones.

Daniel Peña, defensor de Jhonier Leal - crédito captura de pantalla la audiencia ante el Juzgado 18 de control de garantías de Bogotá
Daniel Peña, defensor de Jhonier Leal - crédito captura de pantalla la audiencia ante el Juez 18 de control de garantías de Bogotá

Además, Daniel Peña, enfatizó que de su parte, la suspensión no se debe a maniobras dilatorias y la premura por una resolución, sino que pretende defender “el derecho al debido proceso y a una defensa legítima”.

Ha expresado que a lo largo del espacio de discusión que se han vulnerado derechos procesales de su cliente al cuestionar la validación de pruebas pertinentes para establecer su inocencia, asunto que ha retardado la actividad encaminada al juicio.

Así, también remarcó que estas circunstancias no deberían interpretarse como tácticas para prolongar el juicio y reconoció los periodos extensos entre audiencias, pero que el proceso continuará en febrero 2024 y que aún se espera por las conclusiones y una sentencia definitiva.

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