Defensor del Pueblo criticó polémica propuesta de Petro para alcanzar la paz: “El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras al margen de la ley”

El viernes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro invitó a los grupos armados a firmar un pacto con el Gobierno para alcanzar la paz del país.

En medio de su visita a Panamá de Arauca, el jefe de Estado dijo que “el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida, punto”.

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Esta propuesta ha generado polémica, ya que una vez finalizado el quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN, Antonio García, comandante del grupo armado, anunció que la suspensión de secuestros no puede llevarse a cabo sin una previa búsqueda de recursos que los financien.

Ante esto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, criticó la intención de acercamiento del Gobierno con los grupos armados, señalando que no se puede poner en riesgo la libertad y la vida humana.

“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, aseguró el funcionario.

Para el defensor, entrar a aceptar la propuesta del ELN de buscar financiación para cesar el secuestro va en contra de los principios y derechos que promulga la Constitución Política de 1991.

“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana”, afirmó Camargo Assis.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hoy las cifras de secuestros superan un incremento exponencial del 90% en relación con años anteriores. Es decir, más del doble de lo registrado en el comparativo, producto de esta práctica por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia en gran parte del territorio nacional.

“Ello sucede porque al convertirse en una moneda de negociación, entre más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolverle a la libertad a quien está en cautiverio. Lo mínimo que le pido como Defensor del Pueblo, en nombre de los colombianos, presidente Petro, es que como Gobierno Nacional tenga una postura clara e inamovible, ceñida al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos”, anotó Camargo Assis.

Pese a su rechazo total de un posible pacto para financiar a los grupos armados, el defensor del Pueblo no descartó entrar a evaluar un subsidio para quienes escojan el camino de la reinserción social:

“Hay que buscar soluciones, por supuesto. Hay otros caminos para explorar en la mesa. Cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el ELN. De ser llevado a la realidad tal despropósito, téngalo muy presente, señor presidente, dejaría un ‘legado’ para que las demás estructuras armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado”.

Finalizó diciendo que, de ser aceptado semejante chantaje como formas válidas de negocio y financiación en el desarrollo de los diálogos, sería permitir que en el país todo entre a ser negociado. “También, que, como mensaje macabro, delinquir sí paga; que, como segundo mensaje siniestro, incluso la vida y la dignidad tienen un precio de mercado”, puntualizó el funcionario a cargo de la entidad garante de los derechos de los colombianos.