La Fiscalía General de la Nación decidió retirar la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el proceso por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
La determinación se produjo cuatro horas después de que la fiscal Elsa Reyes oficializara la imputación por presunto prevaricato por omisión. Este movimiento implica que, al menos por ahora, el alto funcionario no será llamado a responder ante la justicia por el presunto manejo insuficiente del esquema de seguridad del senador, aunque las indagaciones sobre posibles fallas internas en la protección al líder opositor seguirán su curso.
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La decisión de la Fiscalía se fundamentó en la existencia de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025. Este documento creó un Grupo de Tareas Especiales para investigar y judicializar todos los hechos relacionados con el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Así pues, la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, que había presentado la imputación y programado la audiencia para el 11 de febrero de 2026, no formaba parte de ese grupo, razón por la cual la Fiscalía consideró improcedente su actuación y retiró la solicitud de imputación.
Razones del retiro y nuevo rumbo de la investigación
El comunicado de la Fiscalía General de la Nación precisa que “luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la UNP y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores”.
El objetivo: evitar futuras nulidades procesales y consolidar todas las actuaciones bajo el equipo especialmente asignado, liderado por el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía.
La medida no implica el cierre de la investigación. En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal asignada para fortalecer la línea investigativa sobre la posible desatención de los llamados de protección y las solicitudes de mejora del esquema de seguridad de Uribe Turbay.
Contexto del caso y antecedentes
La acusación que enfrentaba Augusto Rodríguez se basó en la recopilación de evidencias por parte del abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay.
Según su investigación, el senador y su entorno habrían remitido al menos 23 solicitudes de refuerzo de su esquema de seguridad a la UNP, sin obtener respuesta efectiva. El día del atentado, el 7 de junio de 2025, un sicario logró acercarse a menos de dos metros del entonces precandidato presidencial, que solo contaba con la protección de tres escoltas, a pesar de ser uno de los líderes políticos más amenazados del país.
La Fiscalía señaló en su momento que “una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. Esto, en atención a que no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay”.
Por su parte, Augusto Rodríguez manifestó a medios que la medida adoptada tenía “tinte político” y defendió su gestión al frente de la UNP. La Presidencia, a través de Rodríguez, insistió en que el caso debía ser manejado con rigor técnico y sin motivaciones ajenas a la investigación judicial.
La indagación sobre las presuntas omisiones en la protección de Miguel Uribe Turbay será ahora competencia exclusiva del Grupo de Tareas Especiales, conformado específicamente para casos de alto perfil.
Se instalará una mesa técnica para revisar el expediente y los elementos materiales obtenidos, así como para definir si existen responsabilidades administrativas o penales en la cadena de decisiones que involucró a la UNP.
Durante la investigación, se documentó que el propio Uribe Turbay había transferido su esquema de protección a su esposa, un hecho relevante que permanece en análisis dentro del expediente y que podría incidir en las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La Fiscalía reiteró que el retiro de la imputación no implica la desestimación de los informes y alertas sobre posibles omisiones, sino una reorganización interna para garantizar la concentración de todas las diligencias bajo el grupo competente.
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