
El Ministerio de Defensa llevó a cabo un consejo de seguridad luego de que el 22 de diciembre se registrara una masacre en Santander de Quilichao (Cauca), en la que cinco personas del resguardo indígena Canoas fueron asesinadas. El jefe de la cartera, Iván Velásquez, anunció todo un despliegue de autoridades en el departamento para reforzar la seguridad y lograr encontrar a los responsables del crimen.
El presidente Gustavo Petro, que lideró el consejo de seguridad, se pronunció y pidió dar con el paradero de los homicidas lo más pronto posible: “Capturar cuanto antes a los autores de la masacre en Santander de Quilichao. Solicito a la ciudadanía caucana cualquier información que se tenga sobre los asesinos”, escribió el mandatario en X (antes Twitter).

De acuerdo con Velásquez, las investigaciones previas adelantadas sugieren que los responsables de los cinco asesinatos serían integrantes de las disidencias de las Farc. “Tenemos como altamente probable que la autoría de esta masacre en Canoas (Santander de Quilichao) fue obra del Estado Mayor Central (EMC) de la estructura Dagoberto Ramos, por varios antecedentes que se habían presentado y que sirvieron de elementos, aparte de la valoración específica de los hechos”, detalló el ministro de Defensa.
En ese sentido, informó que el presidente ordenó implementar una “ofensiva de protección a la población civil”, con la que se contempla el incremento del pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en el departamento. Asimismo, involucra el mejoramiento de la labor de inteligencia de la fuerza pública.
Por medio de esta estrategia se espera hallar a los responsables de la masacre y hacer efectivas varias órdenes de captura que emitieron jueces de la República contra miembros de los grupos criminales que hacen presencia en el Cauca y que han perpetrado asesinatos de líderes y lideresas sociales y a la población indígena.
Con el EMC de las disidencias de las Farc, en cabeza de Iván Mordisco, el Gobierno Petro está intentando adelantar unas conversaciones de paz en medio de un cese al fuego bilateral de tres meses. Hasta el momento, el proceso solo ha tenido una suspensión de diez días en los que la guerrilla hizo consultas y reorganizaciones, para luego ser reanudado.
Sin embargo, el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Alberto Lara Lozada, puso un ultimátum a los grupos armados con los que el Gobierno nacional se está sentando a dialogar: si no detienen los ataques a la población civil, no será viable continuar con lo pactado.
“Con respecto al propósito del Gobierno nacional de entregar un país en paz, repetimos las palabras del señor presidente de la República en cuanto a que si los ceses al fuego no protegen de manera efectiva a nuestras comunidades, a nuestros líderes y lideresas, esos ceses al fuego no son posibles, no deben ser”, aseveró el viceministro Lara Lozada en un espacio de rendición de cuentas de la cartera.
Las víctimas de la masacre
En la vereda Carbonero, fueron asesinados John Freiman Ramos Ocaña, líder social de la región; su esposa, Yisel Menza; y su hija de 15 años. Mientras tanto, en la vereda Vilachí, dos jóvenes comuneros identificados como Davinson Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos, también fueron víctimas de homicidio.
Por estos hechos, las autoridades ofrecieron una jugosa recompensa para quienes brinden información relevante que permita capturar a los responsables: se entregarán 200 millones de pesos. Por su parte, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) informó que esta masacre es la número 93 que se registra en lo corrido de 2023, a menos de dos semanas de terminar el año.
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