Escasez de alimentos y comida descompuesta: Procuraduría denunció irregularidades en la cárcel de Cómbita

Apenas 15 días después de entrar en vigencia el contrato para la alimentación de los privados de la libertad en las cárceles del país, la Procuraduría General de la Nación denunció que el centro penitenciario de máxima seguridad de Cómbita presenta una crisis por cuenta de la escasez de alimentos para los reclusos.

De hecho, los mismos prisioneros usaron dispositivos electrónicos para grabar y denunciar lo que está ocurriendo desde el pasado 7 de diciembre, pues han pasado días enteros sin comer por cuenta de la incapacidad del proveedor de entregar los alimentos.

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La situación se torna más grave, pues los pocos alimentos que logran recibir los internos estarían en mal estado y con alto grado de descomposición. El Ministerio Público visitó la prisión y encontró varias irregularidades:

“La Procuraduría General de la Nación encontró, en visita a la cárcel de alta seguridad de El Barne, en Cómbita, Boyacá, irregularidades en el suministro de la alimentación por parte de la firma que presta el servicio desde el pasado 6 de diciembre y que, según denuncian Personas Privadas de la Libertad, PPL, no cuenta con la capacidad logística para brindar un servicio idóneo”.

Según denunció el ente de control y los mismos reclusos, completan más de 13 días sin recibir los tres alimentos obligatorios y se han visto obligados a comer frutas, verduras y hasta lácteos descompuestos.

“La población privada de la libertad del patio número 1 no ha desayunado, se presenta una crisis humanitaria en este momento, hay personas desmayadas por el hambre, porque la empresa no nos ha suministrado los alimentos”, denunció uno de los prisioneros a través de un video.

Para el ente de control, aunque todos los reclusos requieren de atención y gozar de su alimentación mínima, hay una principal preocupación por los privados de la libertad que padecen condiciones especiales de salud, pues muchos de ellos dependen de una alimentación en horarios establecidos para evitar complicaciones físicas.

“Pasados 13 días de ejecución contractual, no se avizora normalidad e idoneidad en la prestación del servicio, siendo por el contrario un común denominador la improvisación y vulneración de derechos de la población privada de la libertad”, se estipuló en el acta de visita de la Procuraduría.

Y es que las denuncias también estarían relacionadas con la falta de personal por parte del proveedor de alimentos del centro penitenciario. Según pudo constatar la Procuraduría, aunque el contrato con el administrador apenas inició, de las 13 personas que contrató el externo, siete ya presentaron su renuncia, por lo que solo seis empleados estarían preparando la alimentación para al menos cuatro mil reclusos.

Por su parte, la Unión Temporal Andino Colombiano, es la alianza de compañías que ha sido asignada con un contrato de 56 mil millones de pesos para el suministro de alimentos en la cárcel de Cómbita, decisión tomada el 12 de abril.

La dirección encargada de la contratación fue la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), liderada por Carmen Simijaca, y tiene por objetivo garantizar la alimentación de los reclusos bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mediante un sistema de pagos por ración, que no ha logrado cumplir en sus primeros 15 días de operación.

Tras el inicio del contrato, la Uspec se ha reunido con la UT y el Ministerio de Justicia debido a problemas surgidos como las falencias en las calderas que afectaban la preparación de alimentos. Desde el 6 de diciembre, cuando la UT comenzó a operar, se reportaron inconvenientes que interrumpieron el servicio de comidas el 7 y 8 de diciembre.

Según la Uspec, se realizaron dos requerimientos oficiales al representante de la UT para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en términos de calidad y puntualidad en la prestación del servicio. Desde el 10 de diciembre, se anunció que se había reanudado la normalidad en el suministro tras reparar las calderas y se aseguró que en ningún momento se interrumpió la alimentación a los prisioneros, sin embargo, la Procuraduría tendría información contraria.