El presidente Gustavo Petro emitió el Decreto 2175 de 2023, que declara insubsistente el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta. La decisión del mandatario se fundamenta, según conocieron varios medios, en presuntos malos manejos detectados en la entidad.
Según cita Semana, Pimienta habría favorecido a empresas vinculadas a Euclides Torres, que sería uno de los principales financiadores de la campaña de Petro. También se le acusa de tomar decisiones en favor de compañías representadas por el exsuperintendente Jairo Rubio Escobar en disputas con Avianca, WOM y la Dimayor.
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Ante estas acusaciones, Pimienta respondió que ha trabajado en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de manera pulcra e idónea durante más de 30 años. Afirmó que se presentó a un concurso para obtener el cargo de superintendente y que se sintió honrada cuando el presidente Petro la nombró. Además, denunció un acoso constante y calumnias en su contra, sugiriendo que algunos funcionarios del Gobierno buscaban removerla del cargo.”
Agregó que en las tres décadas trabajando en la SIC nunca tuvo una investigación de parte de la Procuraduría, ni de la Contraloría; “mucho menos de la Fiscalía”.
Una de las últimas anotaciones que hace en la misiva habla sobre los intereses de Petro de haberla declarado insubsistente: “el plan es nombrar en la Superintendencia a una abogada muy cercana al presidente”. Esta predicción se habría cumplido, pues la persona que entrará a reemplazar a Pimienta es Cielo Rusinque, cerca al mandatario.
Esta era la razón por la que la superintendente no renunciaba
En una extensa declaración, la ahora exsuperintendente también explicó que no renunció al cargo debido a la situación de su hijo discapacitado, que goza de prestaciones extralegales vitales que perdería al renunciar. “Me preguntan por qué no renuncié y también, con alguna insolencia, si quería atornillarme en el cargo. El motivo es que tengo un hijo discapacitado, que goza de dos prestaciones extralegales, vitalicias, que habría perdido al renunciar”, explicó.
Enseguida, dijo que aunque le fueron ofrecidos cargos diplomáticos ella tampoco los aceptó por la misma razón expuesta. “Ninguna madre y ningún padre aceptarían lesionar de esa manera a su hijo. Al declararme insubsistente el presidente y el gobierno le hicieron un enorme daño a él y a mi familia pues lo pusieron en estado de vulnerabilidad”, concluye Pimienta.
Pimienta confesó que había sentido pánico, según ella, por la “persecución” de parte de activistas cercanos al Gobierno en su contra. También dijo que la decisión de Petro la había tomado por sorpresa.
La decisión de Petro de declarar insubsistente a Pimienta generó reacciones divididas. La expuso a vulnerabilidades y, según la exsuperintendente, podría haber sido motivada por la intención de nombrar en su lugar a una abogada cercana al presidente.
Pimienta, quien se aferró a mantenerse en su cargo, estaba siendo investigada, según W Radio, debido a su estrecha relación con el exsuperintendente y abogado Jairo Rubio Escobar, quien ejercía influencia en la delegatura de asuntos jurisdiccionales, una dependencia clave encargada de los litigios empresariales más significativos. Este supuesto vínculo se llevaría a cabo a través de Gloria Patricia Montero Cabas, quien se señala como la ficha de Rubio dentro de la entidad.
A pesar de haber negado en diversas ocasiones su conexión con Rubio, Pimienta finalmente nombró a Juan David Rubio Acevedo, su sobrino, para ocupar un cargo profesional en la entidad. Según las revelaciones de la periodista Paola Herrera, Montero Cabas, en su rol de delegada, aparentemente estaría favoreciendo los intereses de Rubio y las empresas bajo su representación.
Además, se presume que Yurani Agudelo, asesora de Montero, tendría acceso previo a las decisiones de los jueces en asuntos jurisdiccionales, anticipándose a las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Se señala a Agudelo, por ejemplo, de estar involucrada en la gestión de medidas cautelares relacionadas con el litigio entre la empresa Partners y Claro (Comcel) por portabilidad numérica. Aunque Montero se declaró impedida debido a que en el pasado representó a la firma demandante por un poder otorgado por Rubio, se alega que puso a Agudelo a resolver dichas medidas cautelares solicitadas por Partners.
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