
Los líderes y lideresas sociales siguen siendo asesinados en Colombia. Uno de los casos más recientes se registró en horas de la noche del 11 de diciembre en el municipio de Cajibío (Cauca). Por medio de un comunicado emitido el 12 de diciembre, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes informó sobre la tragedia y pidió al Gobierno nacional adelantar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.
La víctima fue identificada como Robert Fernández, un líder campesino y defensor de derechos humanos que estaba a la espera de que le fuera adjudicado un terreno que compró la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Fue asesinado a 50 metros de la finca La Filigrana, ubicada en el corregimiento La Venta, cuando se dirigía a alimentar a unas aves de un corral cercano a la finca.
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El líder campesino fue asesinado con dos disparos dirigidos a su cabeza. Luego de cometer el crimen, el homicida subió a una motocicleta negra marca Auteco que conducía otro sujeto, y emprendieron la huida, según declaraciones de los vecinos del sector. Días antes del asesinato del defensor de derechos humanos, dos hombres que se movilizaban en un vehículo blanco indagaron con un vendedor informal que se ubica al frente de la finca sobre los horarios de venta, específicamente, a qué hora dejaba de trabajar en el sitio.
Fernández era reconocido por integrar la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío (Atcc), una filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro Cut). También era miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica. Mantenía a su familia con los ingresos que lograba recolectar con viajes que hacía en un piaggio en Popayán.

Asimismo, era el encargado del proceso de adjudicación de tierras de la finca Filigrana para las familias que integran un proceso colectivo de tierras en el sector. En el sitio, recientemente se había llevado a cabo una asamblea de organizaciones campesinas filiales de Fensuagro Cut.
Las diferentes organizaciones y asociaciones que integró el líder social, responsabilizaron al Estado colombiano, en cabeza de Gustavo Petro y a la Gobernación de Cauca, por hechos de violencia registrados en zonas en donde se supone que hay presencia del Estado. También incluyeron al mayor general Raúl Vargas, al comandante de la tercera división del Ejército Nacional y al coronel Wilson Silva, comandante de la policía en Cauca.
De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) ya son 176 los líderes y lideresas que han perdido la vida a manos de actores armados en lo corrido de 2023. Esta cifra se incrementa a más de 1.570 personas que ejercen liderazgos que han sido asesinadas desde que el Estado firmó el Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Cabe destacar que la implementación de este acuerdo está “en veremos”, según el presidente Gustavo Petro, puesto que los avances en materia de verdad y tierras parecen estar estancados. “Los tenedores de la tierra tiene un poder político, y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”, explicó durante la posesión del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
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