Una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro ha sido la de buscar reducir la violencia en el país, a través de la política de Paz Total. Sin embargo, los resultados alcanzados al cierre de 2023 no lo dejan bien parado frente a las cifras que manejan organizaciones como Human Rights Watch (HRW).
Según la directora de esa organización en Colombia, Juanita Goebertus, el reclutamiento forzado de menores, las masacres y los secuestros se han incrementado durante el último año en el país, a niveles comparables con la guerrilla de las Farc activa, es decir, antes del acuerdo de paz, según dijo a El Tiempo.
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Los datos que ha establecido HRW son alarmantes. En el caso del reclutamiento, se ha duplicado el delito en comparación con el año 2022 llegando a un 130% más. En cuanto a secuestro se muestra un incremento del 70% en el número de casos, además de un 16% más masacres y un 15% en el incremento de la extorsión.
Goebertus señala que el deterior de la seguridad se registra desde el Gobierno de Iván Duque por no haber copado los territorios que dejó la guerrilla de las Farc tras su desmovilización. Gustavo Petro tampoco lo ha hecho y, según la directora de HRW, tampoco ha hecho cambios sustanciales en la política de seguridad para responder a las demandas de la coyuntura.
En cuanto a la política de Paz Total, la analista sostiene que hay falta de claridad, principalmente en cuanto a los ceses al fuego a causa de la multiplicidad de actores existentes y con los que se han suscrito, diferentes territorios y con ausencia de reglas de monitoreo y sanciones por incumplimientos.
“Lo que nosotros hemos podido documentar es una percepción dentro de algunos sectores de la Fuerza Pública de una falta de rumbo. Reportan haber recibido mensajes confusos tanto en los ceses del fuego como en qué significa bajo este gobierno proveer seguridad de manera proactiva en el territorio”, señaló Goebertus a El Tiempo.
La directora de HRW señala que buscar la paz negociada con los actores armados siempre es deseable, por lo que reconoce el esfuerzo del Gobierno nacional en adelantar diálogos, pero señala que esas negociaciones no pueden dejar de lado la protección de la ciudadanía a través de la política de seguridad, así como la responsabilidad de investigar y juzgar los crímenes.
La situación de seguridad no solamente debe generar una alerta para los propósitos del presidente Petro durante su Gobierno y el éxito de sus programas, sino también para su futuro político y el del país, debido a que podría ser un tiro en el pie de no lograr mejor percepción.
“Cuando los regímenes democráticos no responden a las demandas de la ciudadanía, en temas como seguridad, lucha contra la corrupción o pobreza y desigualdad, se genera el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de regímenes autoritarios”, señaló Goebertus.
La directora de HRW pone de ejemplo el caso de El Salvador, donde, señala, “los gobiernos democráticos” no lograron mejorar la seguridad, lo que dio paso al ascenso de Nayib Bukele que para esa organización ha abusado de la figura de estado de emergencia para realizar encarcelamientos masivos de personas sin justificación.
Por el contrario, señala que los países no deben caer en el falso dilema de seguridad y derechos humanos, porque sostiene que es posible tener políticas que garanticen efectivamente la protección de las personas, tanto en términos de violencia como en el disfrute de sus libertades y condiciones mínimas de vida digna. Por eso señala que el presidente Petro todavía está a tiempo de corregir el rumbo.
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