Traficantes distribuían medicamentos vencidos para pacientes oncológicos, con VIH y enfermedades “raras”

Siete presuntos integrantes de una red criminal que operaba un lucrativo y macabro negocio, el tráfico de medicamentos vencidos, fueron llamados a juicio. Esta banda delincuencial había operó entre enero de 2021 y julio de 2023. Sus víctimas eran, sobre todo, pacientes de cáncer, personas con virus de inmunodeficiencia (VIH), artritis y otros con enfermedades huérfanas.

El escrito de acusación radicado por la Fiscalía incluye a siete personas señaladas de pertenecer a esta red criminal, entre ellas, representantes y trabajadores de farmacéuticas, comercializadoras e Institutos Prestadores de Salud (IPS). Estos individuos deberán enfrentar juicio por delitos que van desde usurpación de derechos de propiedad industrial hasta concierto para delinquir y cohecho.

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Así funcionaba esta banda

Primero, compraban los fármacos en el mercado negro de Venezuela; luego, por encomiendas que transportaban empresas de mensajería o transportándose en buses intermunicipales, los integrantes distribuían los medicamentos adulterados en clínicas de Bogotá y otras ciudades, como Neiva, Ibagué, Cúcuta y otras más de la costa atlántica.

Según cita Blu Radio, en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía se explica que la red criminal utilizaba diversas estrategias para eludir la vigilancia de las autoridades. La investigación también reveló que la red criminal habría infiltrado reconocidas clínicas oncológicas, como el Centro de Investigación Oncológica, la clínica San Diego Ciosad S.A.S y la clínica San Francisco de Asís. En estas instituciones, suministraban los llamados “medicamentos de la muerte” a pacientes con cáncer.

Previo al proceso de distribución, los medicamentos eran alterados: los ocultaban en neveras de icopor, de esta forma, simulaban que siempre se habían mantenido en cadena de frío.

Otra forma en la que engañaban a pacientes con enfermedades graves

Además, la Fiscalía descubrió que esta red hurtaba medicamentos oncológicos entregados por las EPS a las clínicas; luego, los venía en el “mercado negro” a precios mucho más económicos de los que se podían conseguir en las farmacias. No obstante, estos ya no eran efectivos debido a que muchas veces habían excedido el límite de la fecha de vencimiento o habían roto su cadena de frío, fundamental para su adecuado funcionamiento en el cuerpo humano.

“En ciertos casos, los operadores de la red se ponían en contacto con pacientes, persuadiéndolos para que presentaran solicitudes legales con el fin de obtener el reconocimiento de la importación de medicamentos. Después, una vez que los solicitantes obtenían una decisión favorable, a través de intermediarios, conseguían que les entregaran productos en condiciones deficientes que habían sido previamente alterados”, informó la Fiscalía cuando se efectuó la captura, en julio de 2023.

La organización ilegal extendía su operación, incluso, a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores en Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá. La gravedad de los hechos ha generado un profundo rechazo en la sociedad.

La captura de esta red criminal

Las autoridades llevaron a cabo un operativo de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá y Barranquilla (Atlántico) en julio de 2023. Este tuvo como resultado la captura de 13 personas vinculadas la red ilegal mencionada. Según declaraciones de un funcionario adscrito al ente acusador, el operativo también resultó en la incautación de aproximadamente 800 kilogramos de medicamentos adulterados.

Entre los principales detenidos se encuentran Diana Carolina Bernal Ferro y Luis Andrés Ramírez Villegas, representantes legales de dos farmacéuticas que almacenaban y comercializaban los medicamentos alterados. También fueron arrestados Nidia Elena Parody Vásquez, coordinadora de una comercializadora de medicamentos, y Elma Johana Espinosa Narváez, gerente de compras de una Institución Prestadora de Salud (IPS) que vendía e intercambiaba los productos modificados.

Las autoridades resaltaron la gravedad del delito, ya que no solo se comprometía la integridad de los pacientes sino que se socavaba la confianza en el sistema de salud. Además, en ese momento solo cuatro de los implicados aceptaron los cargos. Ahora, siete más deberán enfrentarse a la justicia.