Había preocupación porque los contratos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de atención transitoria terminaban en julio próximo y no había intención de renovarlos.
El Senado de la República aprobó en último debate por unanimidad una ley que confiere al Ministerio de Justicia, a través de la Uspec, la responsabilidad de garantizar la alimentación en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía hasta el 30 de junio de 2025. Luego de esa fecha, tal responsabilidad deberá ser asumida por las administraciones municipales y departamentales.
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El debate surgió por la orden de la Corte Constitucional de que los alcaldes y gobernadores se responsabilicen de a alimentación de los detenidos en los centros transitorios para personas privadas de la libertad.
“La aprobación por unanimidad de esta iniciativa me honra, dado que el Gobierno nacional es el promotor de la misma. Este es un proyecto de ley sencillo, pero necesario y urgente para evitar una crisis humanitaria”, señaló el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tras la aprobación del proyecto de ley en el Congreso.
Actualmente, hay 17.000 personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y URI que requieren los servicios de alimentación por parte de la Uspec.
“La asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Inpec en 2023 es de $647.000.000.000, destinando $92.956.920.078 para centros de detención transitoria durante dicho año”, se puede leer en un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, en el que se agrega que para 2024 se tiene proyectado un presupuesto de $670.656 millones de pesos.
Con la aprobación de ley, la cartera espera evitar que se ponga en riesgo la continuidad de los servicios de alimentación en los centros de detención transitoria, mientras tal responsabilidad es asumida por los gobiernos regionales y locales. “Los municipios y los departamentos no tienen en este momento presupuesto suficiente para alimentar a personas privadas de la libertad que, por disposición legal, deben estar a su cargo y que, tradicionalmente, la Uspec ha atendido”, manifestó el ministro Osuna al principio.
El jefe de cartera añadió que el servicio de alimentación seguirá a cargo de la Uspec, mientras que el Congreso de la República, en trabajo articulado con Asocapitales y los departamentos y municipios, trabajan en una legislación definitiva que resuelva los problemas de alimentación en las cárceles del país y que obedezca la disposición dictaminada por la Corte Constitucional.
“El Gobierno nacional es consciente de que esa obligación atribuida a departamentos y municipios no ha sido acompañada por la asignación suficiente de presupuesto para dichas entidades territoriales. Por eso, hasta que no le demos una solución completa a este asunto, es preferible que lo siga haciendo la Uspec”, dijo el ministro.
Adicional a eso, también reaccionó en su cuenta de X a la aprobación del proyecto de ley: “¡Aprobada en todos sus debates la ley de alimentación a personas privadas de libertad! Mi agradecimiento al Congreso. ¡Seguiremos trabajando por el cambio!”, escribió en su red social.
La ley recién aprobada solo consta de cuatro artículos y el objetivo principal es evitar el cese de la prestación del servicio de alimentación a los detenidos para garantizar así sus derechos fundamentales.
El proyecto de ley fue desarrollado por el Ministerio de Justicia, en colaboración con entidades territoriales, la Uaesp, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Solamente falta la conciliación entre Senado y Cámara para pasar a sanción presidencial.
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