La Corte Constitucional argumentó que es primordial “reglamentar y promover políticas públicas” enfocadas en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se destaca que los esfuerzos deberán dirigirse hacia una educación integral que alerte sobre los peligros derivados de malos hábitos de consumo. El tribunal busca con esta medida una reducción en las cifras alarmantes de obesidad y sus consecuencias en la salud de los colombianos, buscando también un impacto positivo en la economía nacional a través de la disminución de los gastos en tratamientos y atención médica.
La corte señaló la falta de acciones concretas del gobierno para atender la obesidad como una condición de salud que debe ser abordada con urgencia en el país. Cabe destacar que la ley ya identifica a la obesidad y las enfermedades asociadas como un asunto crítico en salud, pero aún no se han implementado líneas para su manejo y prevención. Este anuncio se conoce luego de una situación en la que una mujer denunció las barreras que enfrentó para acceder a una cirugía bariátrica, razón por la que demandó a la Nueva EPS.
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La Sala Novena de Revisión reconsideró el caso que previamente fue desestimado al reconocer que la obesidad de una mujer constituía un impedimento significativo para su bienestar completo. A pesar de que instancias judiciales anteriores habían negado la protección, por no encontrar evidencia de que la salud de la mujer corriera peligro, la Sala resaltó el impacto sustancial de su condición tanto en lo físico como en lo psicológico.
Por este caso, la advertencia de la Corte subraya la necesidad de una regulación que incluya medidas concretas para contrarrestar el rápido incremento de las tasas de obesidad en la población. El tribunal especifica que el Gobierno debe “reglamentar y promover políticas públicas sobre, actividad física y educación de los riesgos asociados a los malos hábitos de consumo”. La intención es clara: prevenir que estilos de vida no saludables continúen afectando la salud general de los colombianos.
Por su parte, Nueva EPS se encuentra en proceso de establecer políticas de prevención de enfermedades específicas, así como de desarrollar un programa de apoyo psicológico para aquellos usuarios diagnosticados con patologías relacionadas. La medida busca mejorar la atención y el bienestar de los pacientes, enfocándose en la detección temprana y el respaldo emocional.
La Corte Constitucional enfatiza la importancia de un abordaje comprehensivo frente a la obesidad, que “es una enfermedad de origen multifactorial y debe tratarse de manera interdisciplinar”. Al tiempo que destaca los porcentajes alarmantes que representan esta enfermedad y el sobrepeso en el país, las estadísticas oficiales indican que más de la mitad de los colombianos (56,4%) lidian con estas condiciones de salud, señalando la urgencia de una política efectiva.
La rama judicial espera que la intervención del Gobierno incluya estrategias y programas multidisciplinares que respondan a la complejidad de factores involucrados en la obesidad.
En ese orden de ideas, la Corte exhortó al Gobierno nacional a reglamentar la ley que definió la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles como prioridad de salud pública. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) se dio a conocer el pronunciamiento del tribunal.
Un problema global
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad sucede por “la confluencia de múltiples y complejos factores”, como la genética, la evolución y la alimentación con productos ultraprocesados. A nivel mundial, más de 1.900 millones de adultos sufren de sobrepeso.
La situación también supone un riesgo en Colombia. De acuerdo con un estudio presentado por Unicef y la Fundación Alzak, entre 2015 y 2020, por cada 100.000 niñas, niños y adolescentes, se perdieron 643 años de vida saludable por año, debido al sobrepeso y a la obesidad.
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